*Impulsa diputado local Gerardo Peña una reforma para atender la desigualdad energética.
Por Julio Manuel Loya Guzmán.
Cd. Victoria, Tamaulipas.— Una de las carencias más invisibles de Tamaulipas: vivir sin luz, fue expuesta por la bancada del PAN a través de una reforma a la Ley de Fomento y Aprovechamiento Sustentable de Energía, que busca que la pobreza energética y la justicia energética sean conceptos legales y obligatorios en la política pública estatal.
El coordinador de la bancada, Gerardo Peña Flores, explicó que la modificación pretende obligar al Gobierno de Tamaulipas a incorporar programas, presupuesto y acciones específicas para atender a por lo menos 30 mil personas que siguen sin acceso a energía eléctrica.
Calificó esta condición como “una de las desigualdades más severas y olvidadas” en pleno siglo XXI, por lo que subrayó la urgencia del tema al recordar la realidad cotidiana de quienes viven sin electricidad.
“Imaginen personas que no pueden alumbrar su vivienda, que no pueden cocer sus alimentos, refrigerar la leche o el agua, o siquiera encender una televisión o un radio para tener un mínimo de entretenimiento”, expuso.
De acuerdo con el legislador, el deber del Congreso es generar mejores condiciones de vida, y recordó que el último censo del INEGI revela que al menos 10 mil familias —unas 30 mil personas— en Tamaulipas viven sin energía eléctrica, cifra que evidencia la dimensión del problema.
A nivel nacional, el panorama tampoco es alentador, pues diversos estudios estiman que 36.7 % de los hogares en México se encuentra en pobreza energética, es decir, destinan más del 10 % de sus ingresos anuales al pago de servicios energéticos básicos.
La iniciativa presentada por Peña Flores plantea que la ley estatal no solo reconozca el derecho al acceso a servicios energéticos, sino que obligue al gobierno a cerrar la brecha mediante presupuesto, programas y políticas integrales.
Asimismo, busca que las decisiones en materia de energía contemplen la asequibilidad, calidad y continuidad del suministro, avanzando hacia lo que el diputado denomina “justicia energética”, un enfoque que prioriza la igualdad en el acceso a un servicio indispensable para el bienestar y el desarrollo social.
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