Seguiremos invirtiendo en inteligencia para ser más precisos en seguridad: Américo Villarreal

Villarreal Anaya destacó la disposición del Poder Legislativo para impulsar reformas que prevengan hechos delictivos y favorezcan mejores conductas sociales. Como ejemplo, recordó que ahora portar artefactos conocidos como “ponchallantas” constituye un delito, aun sin demostrar intencionalidad. “Con el simple hecho de traerlos en los vehículos ya es un hecho que debe atenderse y acotarse”, explicó.

Por Patricio Lerma|Reportero

Ciudad Victoria, Tamaulipas .— El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas continuará fortaleciendo su estrategia de seguridad mediante mayores inversiones en inteligencia, con el propósito de actuar con mayor precisión frente a los cambios que se presentan en el entorno social y en la relación México–Estados Unidos.

Durante su visita al Palacio Legislativo, donde encabezó la Ceremonia de Honores a la Bandera y entregó la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, el mandatario adelantó que la Mesa de Seguridad sería compartida con diputados locales, a fin de mantenerlos informados y avanzar en propuestas que fortalezcan el marco legal del estado.

Señaló que en años pasados existieron escenarios que permitían grandes flujos migratorios, repatriaciones desordenadas o prácticas de huachicol fiscal; sin embargo, esas condiciones han quedado acotadas, lo que obliga a mantenerse atentos ante nuevas dinámicas sociales para preservar el Estado de Derecho.

Villarreal Anaya destacó la disposición del Poder Legislativo para impulsar reformas que prevengan hechos delictivos y favorezcan mejores conductas sociales. Como ejemplo, recordó que ahora portar artefactos conocidos como “ponchallantas” constituye un delito, aun sin demostrar intencionalidad. “Con el simple hecho de traerlos en los vehículos ya es un hecho que debe atenderse y acotarse”, explicó.

Asimismo, señaló que los establecimientos dedicados a la reciba de fierro ya no pueden aceptar cobre, pues su posesión generalmente deriva de la destrucción de instalaciones públicas o privadas. “Por lo tanto, también se considera un delito”, puntualizó.