BernardoDlaRosaCast | La Región Tamaulipas
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recibió un nuevo revés judicial luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito resolviera negarle el amparo con el que buscaba mantener a su disposición escoltas, vehículos y otros recursos oficiales del Estado.
De acuerdo con la sentencia del Amparo en Revisión 343/2023, la justicia federal determinó que no existe violación alguna a sus derechos ni reducción indebida de su seguridad personal. Los magistrados señalaron que el número de elementos asignados no se redujo de manera arbitraria, y que las variaciones en el personal se debieron a renuncias voluntarias de algunos de los agentes que formaban parte de su escolta.
El documento judicial precisa que seis de los 36 elementos originalmente designados renunciaron a sus cargos, lo que provocó una rotación natural en el equipo, pero sin afectar el nivel de protección que actualmente recibe el exmandatario.
Asimismo, la resolución indica que el Gobierno del Estado actuó conforme al marco legal vigente, el cual establece la obligación de brindar protección a exgobernadores en situaciones que lo ameriten, sin exceder los recursos públicos ni comprometer bienes del Estado para fines personales.
Con este fallo, Francisco García Cabeza de Vaca pierde definitivamente la batalla legal que mantenía desde 2023, en la que exigía mantener la misma cantidad de escoltas, vehículos y presupuesto que tenía cuando ocupaba el cargo de gobernador (2016–2022).
Esta decisión marca un precedente importante, pues confirma que los privilegios y recursos públicos asignados a exfuncionarios deben sujetarse estrictamente a la ley, y no a decisiones personales o políticas.
El exmandatario, actualmente radicado fuera del país, enfrenta otros procesos legales relacionados con presunto enriquecimiento ilícito y delitos fiscales, aunque ha negado las acusaciones en reiteradas ocasiones.
Con la resolución del tribunal, el caso queda cerrado en materia de seguridad personal, y el Estado de Tamaulipas queda libre de cualquier obligación adicional respecto a los bienes y personal que solicitaba mantener a su disposición.
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