Tegucigalpa. La presidenta Xiomara Castro advirtió este miércoles que echará las bases militares de Estados Unidos en Honduras si el presidente electo, Donald Trump, cumple su amenaza de ordenar deportaciones masivas de hondureños cuando asuma el cargo, el 20 de enero.
“Frente a una actitud hostil de expulsión masiva” de hondureños “tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio”, expresó Castro en cadena nacional de radio y televisión.
“En este caso (las bases militares) perderían toda la razón de existir en Honduras”, añadió la presidenta izquierdista.
Estados Unidos tiene en Comayagua, centro de Honduras, la base de Palmerola, construida en los años 80 para la lucha de los movimientos comunistas.
“Esperamos que la nueva administración norteamericana del presidente electo democráticamente, Donald Trump, sea abierta al diálogo, constructivo y amistoso, que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes, que por norma hacen un gran aporte a la economía norteamericana”, abogó.
Anunció que como presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe convocará en enero junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a una reunión de cancilleres con el fin de abordar el tema de la migración.
Según el vicecanciller hondureño, Tony García, unos 250 mil hondureños están en lista para ser deportados en 2025 desde Estados Unidos, y que Honduras no está preparada para recibir una cantidad de personas como esa.
Otros miles de migrantes de México y otros países también están en esas condiciones, según el funcionario y distintas fuentes.
Cerca de dos millones de hondureños viven en Estados Unidos, la mayoría indocumentados, que aportan más del 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras.
La mandataria hondureña canceló en agosto pasado un tratado de extradición con Estados Unidos alegando que podría servir para preparar un “golpe de Estado” en Honduras, como el que derrocó en 2009 a su marido, el ex presidente Manuel Zelaya.
En base a este tratado vigente de 1912 y que caducará en febrero próximo, Tegucigalpa ha extraditado a Estados Unidos desde 2014 a medio centenar de acusados de narcotráfico.
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