CDMX.- Entre acusaciones de corrupción en su operación, la Cámara de Diputados avaló este miércoles, por unanimidad, con 473 votos a favor, la reforma que eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Estas modificaciones forman parte de las 18 reformas del llamado “Plan C”, y adiciona un párrafo al artículo 123 de la Constitución para establecer la obligación del Estado de otorgar un apoyo económico mensual a los jóvenes que se encuentren en desocupación laboral y no cursen algún nivel de educación formal.
La reforma, que fue turnada al Senado de la República, indica que este apoyo será equivalente a un salario mínimo general vigente y se entregará a jóvenes de entre 18 a 29 años de edad durante un periodo de hasta 12 meses, con el fin de que sean capacitados para el trabajo en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas.
Aunque las modificaciones constitucionales fueron aprobadas por unanimidad, en la discusión, legisladores de oposición demandaron revisar el programa, ante los señalamientos de corrupción que existen en la operación del programa.
El diputado del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez, advirtió que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es insuficiente para solucionar problemas que enfrentan los jóvenes en el país, como la inseguridad.
Por ejemplo, agregó que los jóvenes sinaloenses hoy “están secuestrados por un Estado fallido de derecho” y el hecho de que en México la principal causa de muerte de este sector es el asesinato.
También reconoció que si bien el gobierno federal ha tratado de mitigar los problemas que enfrentan los jóvenes a través del programa, éste ha fallado en garantizar su correcta implementación.
El priista recordó que al cierre de 2023, la estrategia federal reportó irregularidades por más de 170 millones de pesos, derivados del uso de empresas fantasma, la duplicidad de padrones y los moches que los beneficiarios han tenido que pagar.
“Les pidieron moches a los jóvenes, dinero que era para ellos, este programa, como lo he dicho, tiene futuro, pero sólo si se corrigen las fallas en su ejecución”, indicó.
Por su parte, el legislador de MC, Francisco Javier Farías, criticó que la mayoría pretenda reconocer a los jóvenes, cuando hace semanas les cerraron las puertas en la cara, cuando protestaban en contra de la reforma judicial.
Aunque calificó como bueno el programa, demandó que la reforma considere también el hecho de este grupo a recibir apoyos para emprender negocios, ya que depender del gobierno no es correcto.
Hizo hincapié en la necesidad de revisar la operación del programa, ya que hay reportes de que los beneficiarios tienen que entregar “moches” de hasta el 50 por ciento de sus apoyos a sus tutores.
En tanto que la diputada del PAN, Abril Ferreyro, reconoció la propuesta de elevar a rango constitucional dicho programa; sin embargo, insistió en que esta se queda corta porque establece el apoyo exclusivamente para las y los jóvenes que no trabajan y que no estudian.
“Existen muchos jóvenes estudiantes que hacen un esfuerzo por continuar estudiando y mantener a sus familias, es a ellos a quienes no podemos dejar de apoyar en estos programas, ya que hacen un gran sacrificio para superarse y salir adelante”, señaló.
La diputada de Morena, Azucena Arreola, afirmó que además de un apoyo económico mensual y capacitación, la reforma facilita el acceso a un seguro social a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que se encuentren en desocupación laboral y que no estén cursando ningún nivel de educación formal.
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