Expertos analizaron la reforma judicial desde la idoneidad de los perfiles de las personas juzgadoras, el régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación y la integración y organización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Preocupante es para especialistas que la administración federal proponga una reforma judicial que transforme, y no para bien, al sistema de impartición de justicia mexicano. Así lo consideraron académicos y profesionales del derecho reunidos en el foro “Fortaleciendo la Reforma Judicial: alternativas y soluciones”, llevado a cabo en la Casa ITESO Clavigero.
Organizada por el ITESO, la Coparmex Jalisco, la Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Jalisco, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) Capítulo Occidente y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) Jalisco, la actividad se planteó para analizar la Reforma Judicial desde tres ejes: la idoneidad de los perfiles de las personas juzgadoras, el régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación y la integración y organización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Catalina Morfín López, directora general académica del ITESO, hizo votos porque esta reforma no se quede en meras intuiciones y ocurrencias, sino que se sustente en un Estado de Derecho que promueva la justicia y sea vehículo para hacer de la justicia un criterio de decisión cotidiano y concreto de las acciones humanas.
Juan Alberto Ruvalcaba, presidente del INCAM Capítulo Occidente, lamentó que el revanchismo del poder sea uno de los principales factores para impulsar la Reforma Judicial, y celebró el ejercicio de crítica y propuestas que la academia y organizaciones de la sociedad civil encabezan. “Debe quedar claro que este país no sólo es de los políticos, no sólo es del poder, no sólo es de las mayorías”, dijo.
A nombre de José Pablo Ramos, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Jorge Torres González dijo que estos diálogos encabezados por la sociedad civil, desde la comunidad de profesionales del derecho, podrían ser no sólo un ejercicio de protección del sistema de justicia, sino un rescate del mismo.
“El poder siempre va a tender a expandirse. Es una regla que hemos presenciado durante toda nuestra historia como humanidad. Este ejercicio de reforma constitucional en relación con el Poder Judicial es una nueva expresión de una misma dinámica, un intento de control”, mencionó.
Raúl Flores López, presidente de la Coparmex Jalisco, advirtió que de continuar con la reforma tal y como está planteada se podría registrar un impacto negativo en la inversión, la creación de empleos y, especialmente, en la certeza jurídica de las personas. Por eso, consideró imperativo escuchar las voces de académicos, juristas y profesionales del área, en espera de que sus experiencias puedan dar forma a análisis certeros y recomendaciones reales para la construcción de una propuesta que mejore el sistema de justicia del país. Con él coincidió Juan Miguel Nava Contreras, presidente de la ANADE Capítulo Jalisco, quien añadió que esta es la reforma de mayor trascendencia de las últimas décadas.
Idoneidad populista contra idoneidad democrática
En una mesa en la que se analizó la Reforma Judicial a partir de la idoneidad de los perfiles de las personas juzgadoras, Jesús Ibarra Cárdenas, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO, destacó que el tema se entiende de manera diferente desde la visión del constitucionalismo populista y desde la democracia constitucional.
En el caso de la primera, el objetivo es poner el constitucionalismo al servicio de los más desfavorecidos, en un esquema en el que el juez populista representa al pueblo y está comprometido con sus intereses. “La falacia es que no lo encuentra en la ley, lo encuentra en las políticas públicas y los designios del líder populista. Y al líder populista no le gustan las intermediaciones, el juez es una pieza más del proyecto populista. A ese juez le toca no obstaculizar el proyecto ni obstaculizar políticas públicas del gobierno”, dijo.
Por el contrario, el perfil de idoneidad de la democracia constitucional busca sujetar a todos los poderes públicos a la constitución y preservar la división de estos. Además se priorizan los derechos fundamentales por sobre poderes, mayorías y la soberanía popular. “Un juez de la democracia constitucional es opuesto a la representación de intereses, es independiente. El juez responde a la ley y no a los caprichos de nadie”, señaló.
Jorge Torres González, representante de la Barra Mexicana de Abogados, afirmó que esta iniciativa de reforma llega como síntoma de la fractura del sistema de justicia del país. Sin embargo coincidió con Ibarra Cárdenas al mencionar que es necesario poner atención en cómo se aterriza la reforma en el ámbito local, pudiendo proponer leyes secundarias para procurar la acotación de los perfiles más idóneos para impartir justicia. “El reto está en que nos sentemos a diseñar qué queremos para la justicia local”, afirmó.
Una reforma con tintes políticos y electorales
La reforma también considera la eliminación del Consejo de la Judicatura y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, el cual, a decir de las y los especialistas, impactará en la imparcialidad y la objetividad de los órganos jurídicos; incluso prevén que podría modificar las sentencias de los jueces sancionados por este tribunal.
“Es una forma más de socavar la independencia judicial, porque mantiene amenazados a los jueces, magistrados y ministros con sanciones en caso de no responder a las exigencias de un régimen que los hace llegar al puesto”, expresó Susana Camacho Maciel, co-coordinadora del programa de Justica de México Evalúa.
Elias Gamez Silva, abogado especializado en litigio de responsabilidad civil, seguros y fianzas, señaló que este tribunal afectará a ciertos supuestos en los que se emita una sanción pidiendo que los fallos de los juzgadores estén sujetos a revisión: “uno de los principios que vienen desde la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) es que los fallos no pueden estar sujetos a una cuarta instancia. Creo que es ahí donde el objetivo de esta reforma está equivocado”.
Ernesto López-Acosta Sandoval, fundador y director de la firma de abogados LA Legal, consideró una fantasía pensar que elegir de manera democrática al Tribunal Disciplinario va a permitir que se rindan cuentas a los ciudadanos y, en cambio, permitirá la aparición de vicios relacionados con cuotas partidistas.
Una desvergonzada contravención a la constitución es lo que significa la Reforma Judicial planteada, señala Berenice Gudiño Magallón, vocal del INCAM Capítulo Occidente, quien calificó la propuesta como regresiva e invasiva de la división de poderes.
Lamentó que la reforma dé pie a que las postulaciones de perfiles se hagan por cuotas partidistas. “Esta reforma subordina totalmente al Poder Judicial de la Federación al poder ejecutivo en turno y pone en gravísimo riesgo al estado mexicano. Se va a tener un gobierno arbitrario y absolutista, que de ninguna manera es aceptable en nuestro país”, dijo.
La magistrada Claudia Mavel Curiel López ahondó en los transitorios de la reforma y los calificó de escalofriantes. Uno de estos, por ejemplo, se refiere a la reducción de la duración del encargo de los ministros y ministras de la SCJN, pasando de 15 a 12 años.
Esta medida alinearía los periodos con los tiempos electorales y políticos, “con la finalidad evidente de que quienes vayan siendo nombrados compartan la ideología y se sientan comprometidos con quienes los pusieron en esas listas”, mencionó. Asimismo, la magistrada criticó que se busque disminuir de once a nueve los ministros que conforman a la SCJN.
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