Las organizaciones Data Cívica y México Evalúa, señalaron en el informe “Votar entre balas”, que de 2018 al 13 de abril de 2024 se han registrado en México mil 777 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político y gubernamental, así como contra instalaciones del gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de procesos electorales.
A este tipo de violencia la denominan violencia político-criminal en México y señalaron que se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios.
El 2023 fue el año en el que se registraron más víctimas de violencia político-criminal, con 574 personas e instalaciones atacadas, seguido por 2022 con 486.
La mayoría de las víctimas ocupaban o competían por puestos a nivel municipal, el 76.5% de las personas e instalaciones atacadas fueron de este nivel.
En lo que va este 2024 se han registrado 17 personas precandidatas y candidatas asesinadas. Además, registraron personas precandidatas y candidatas que han sufrido otros tipos de ataques como 4 amenazas, 4 ataques armados, 6 atentados y 5 secuestros en lo que va del año.
Los datos refieren que en el transcurso de 10 años, casi se triplicó el uso de esta violencia contra actores políticos de alto perfil, cuyos objetivos son diversos: la multiplicación y consolidación de las redes de protección que sustentan al crimen organizado, el debilitamiento del sistema de seguridad y justicia, la ampliación del acceso de los grupos criminales a recursos económicos, la recopilación de información sobre lo que ocurre en los territorios bajo su control, entre otros.
“El fenómeno de la violencia político-criminal se entiende como el conjunto de ataques que grupos vinculados con el crimen organizado ejercen contra actores políticos, mediante los cuales buscan incidir de manera más amplia en el control de los procesos electorales, las instituciones políticas y los recursos públicos”, dice el informe.
Así como el uso de violencia contra personas candidatas, es una forma de influir en resultados electorales y la consecuente elección de alcaldes que podrían darles acceso tanto a protección informal como a recursos, a la vez que pueden presionar en los próximos nombramientos clave para la actividad criminal —seguridad y justicia— y así debilitarlas simultáneamente.
En los últimos seis años, la violencia político-criminal se ha expandido en casi todo el territorio nacional y con mayor intensidad en los últimos ciclos electorales y una tendencia al alza sostenida desde 2022. Se trata de violencia letal que afecta principalmente a las autoridades del ámbito municipal y con aún mayor fuerza a las policías locales. Todos los grandes partidos del sistema político mexicano actual tienen víctimas de los ataques del crimen organizado.
Desde 2006, elección tras elección, se observó un número creciente de ataques directos a autoridades electas, personas funcionarias, candidatas y militantes de partidos políticos. Mientras que en el periodo de 2006 a 2012 se contabilizaron 311 ataques de este tipo con tales grupos de víctimas, para el periodo 2018-2023 se observan cerca de 8 mil 361 de estos eventos.
Mediante el análisis de las elecciones 2018 y 2021, encontraron que aquellos municipios con un mayor número de ataques a personas candidatas y activistas de partidos tienen también un mayor porcentaje de sustituciones de personas funcionarias de casilla el día de la elección.
Los municipios con más ataques contra actores políticos exhiben menores niveles de participación electoral.
Más allá del día de la elección, mediante un análisis del periodo 2018-2022, identificaron también que los ataques al conjunto de la función pública municipal (regidores, alcaldes, síndicos, gobernadores y diputados locales) están asociados con aumentos en la tasa de homicidio en el año subsecuente.
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