Ya se esperaba que la administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le pondría “piedritas en el camino” al equipo de transición del gobernador electo Américo Villarreal Anaya, quien aseveró que: “no esperaba civilidad política”, desde el pasado 15 de agosto cuando anunció que tiene listo todo un grupo de colaboradores para trabajar en la planeación del Programa de Trabajo que arrancará el próximo 1° de octubre.
Ayer en conferencia de prensa, el coordinador del equipo de transición Jesús Lavín Verástegui, denunció que se realizan “cambios inusuales” en varias dependencias de la administración estatal.
Calificó como “sospechosa” la designación de nuevos titulares en varias dependencias gubernamentales, sobre todo cuando han transcurrido 5 años 10 meses de la actual administración estatal y de repente dejan de laborar para que otros se encarguen de entregar la información requerida por el equipo de transición que tiene a su cargo.
Denunció que no hay ninguna normatividad o manual de operación que permitan conocer las condiciones en que se encuentra la administración estatal, cuya carencia podría entorpecer la transición gubernamental.
Con respecto a la anunciada basificación de cerca de 4 mil 500 trabajadores de confianza que en forma aparente lleva el gobierno de García Cabeza de Vaca, Lavín Verástegui reveló que tiene la instrucción del gobernador electo para que se analicen todos los casos y conservarán sus empleos quienes se los merezcan.
Agregó que se implementará el Servicio Profesional de Carrera para que todas y todos los empleados del nuevo gobierno estatal tengan seguridad laboral y no puedan ser despedidos por cuestiones políticas e ideológicas con cada cambio gubernamental.
Afortunadamente, cualquier cambio que trate de impedir el arranque de la administración estatal de Villarreal Anaya es susceptible de ser frenado, como se acaba de constatar cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió dos acciones inconstitucionales a las reformas realizadas por la mayoría del PAN en el Congreso Local.
La principal busca eliminar la creación de la “Súper Fiscalía” para otorgarle el control de diversos organismos, entre los que se encuentra la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas (UIFE), que opera en la Secretaría de Finanzas.
De igual forma, controlará el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, así como también el Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, que se encuentran en el esquema de la Secretaría de Seguridad Pública.
Y lo más importante, impedir que el actual titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Irving Barrios Mojica, permanezca en el cargo hasta el 2027, cuyo cambio legal requerirá la mayoría calificada en el Congreso Local, es decir el voto a favor de las dos terceras partes del pleno legislativo.
En otro tema, en la sección denominada “El Pulso de la Salud” de la conferencia matutina de hoy en Palacio Nacional, el presidente López Obrador hablará acerca de la denuncia que presentará en contra de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por incumplir con la entrega de vacunas en contra del Covid-19 cuando ya habían sido pagadas.
El político tabasqueño adelantó ayer que la denuncia va en contra de Covax, plataforma creada por la ONU para tener una distribución equitativa de las vacunas en contra del Covid-19 en todo el mundo.
Se quejó amargamente que México había pagado 75 millones de dólares para tener las vacunas necesarias en contra del Covid-19, pero que no han sido entregadas en tiempo y forma.
Y hablando de vacunas, resulta catastrófico el fracaso de la empresa “Bilógicos y Reactivos de México (Birmex), empresa paraestatal que creó la administración de López Obrador luego de desmantelar el sistema de compras y distribución de medicamentos que operaba en el país.
El argumento fue la corrupción de los laboratorios y empresas farmacéuticas que se encargaban de la adquirir y distribuir los medicamentos, sin embargo, la creación de la empresa paraestatal Birmex resultó todo un fracaso, como puede constatarse en el hecho de la falta de insumos médicos en clínicas y hospitales del Sector Salud.
El colmo fue el gobierno de la 4° Transformación eliminó la participación del Instituto Nacional de Higiene y del Instituto Nacional de Virología, cuyos organismos producían vacuna y cubrían la demanda total que requería nuestro país, como es el caso de la BCG (Difteria, Tosferina, Tétanos, Sarampión, Poliomielitis y Rabia), así como sueros antivenenos de alacrán, entre otros, que ahora deben ser comprados en el exterior por el fracaso de la empresa Birmex.
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