El eventual desafuero de la Coordinadora de los diputados locales de Morena ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA, podría llevarse por lo menos tres meses.
Por lo pronto el pleno del Congreso local dio entrada a la solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción y la turnó a la Comisión Instructora, donde se analizará el caso, para que de esa forma, en caso de quitarle el fuero, enfrente cargos por delito de cohecho.
La legisladora de Morena asistió como si nada a los trabajos previos y se mantuvo tranquila durante el desarrollo de la sesión ordinaria.
Antes de ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso FÉLIX FERNANDO AGUIAR “el moyo”, adelantó que la petición de desafuero contra la diputada ÚRSULA podría ser público, aunque no necesariamente implique que se transmita por redes sociales.
“El moyo” se hizo acompañar del resto de los diputados locales del PAN y quienes forman parte de la Comisión Instructora.
Lograr el desafuero de la diputada de Morena, requiere del voto de las dos terceras partes de sus integrantes, cantidad que no la tiene ni el Partido Acción Nacional y que por lo mismo, necesitaría del respaldo de legisladores del Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.
En el capítulo III denominado de la declaración de procedencia de enjuiciamiento penal, la citada ley señala, en sus artículos 25, 26, 27 y 28, que la comisión instructora practicará todas las pruebas conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad de la acusada.
Al terminarse esta etapa, determinará si procede o no ir legalmente contra la legisladora de Morena.
El dictamen tardará en ser emitido un máximo de 90 días hábiles, aunque cabe la posibilidad de ampliar ese tiempo.
Para ese entonces, ya habrá concluido la elección de gobernador e incluso, hasta recibido la constancia de mayoría, para quien haya obtenido la mayor cantidad de votos.
Es decir, si se pretendía realmente quitarle el fuero, lo más recomendable era haber actuado contra la legisladora de Morena y no tener que esperar los 90 días. Ya para qué.
En el mismo caso hipotético se encuentran otros emanados de Morena, a los que habrá que decir, si no se actúa contra ellos en lo que resta del periodo de campaña, ya después de la elección del domingo cinco de junio no tendrá el mismo impacto.
Por lo anterior, deducimos que es más mediático el manejo que se le está dando, que realmente el interés por denunciar, acusar y desaforar.
Desafortunadamente y lejos de sacarle provecho a una situación irregular como mediática, termina por victimizar a los acusados y no se obtiene el mismo resultado, cuando se actúa conforme a derecho.
En pocas palabras, si realmente son culpables, para qué seguir dándoles tiempo. La elección termina el cinco de junio. En fin.
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