Denuncian desaparición de regidora de Cihuatlán, Jalisco

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En enero pasado declaró que en noviembre de ese año gente armada acudió a su casa para amenazarla, por parte del alcalde Fernando Martí­nez Guerrero y de su secretario general, Fernando Medina Flores.

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Familiares y amigos denunciaron que la regidora de la fracción de Morena en el municipio de Cihuatlán, Marí­a Guadalupe Becerra Barragán, se encuentra desaparecida desde el pasado jueves 10.

Hace dos años Becerra Barragán tuvo que huir de Jalisco, junto con su familia, debido a las amenazas que recibió por parte del crimen organizado, después de que el 29 de octubre de 2018 denunció –durante una sesión de Cabildo– compras a sobre precio y sin licitación.

En enero pasado declaró que en noviembre de ese año gente armada acudió a su casa para amenazarla, por parte del alcalde Fernando Martí­nez Guerrero y de su secretario general, Fernando Medina Flores.

En esa ocasión le advirtieron que tení­a 24 horas para dejar su cargo y salir del municipio, y en caso de negarse la matarí­an a ella y a su familia. Indicó que Medina Flores es Raúl Flores Hernández, acusado por el gobierno de Estados Unidos, en agosto de 2017, de lavar dinero a través de figuras públicas como el cantante Julión ílvarez y el futbolista Rafael Márquez.

La afectada presentó una denuncia ante la Fiscalí­a General del estado (FGE), y sostuvo que reconoció a dos de las tres personas que acudieron a su domicilio. Al principio la FGE se negó a recibirle la querella y, cuando finalmente fue aceptada, el abogado de la quejosa fue “levantado”.

La regidora ganó una demanda que interpuso ante la Sala de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por violencia polí­tica.

Además, el TEPJF resolvió que el gobernador Enrique Alfaro, su secretario de gobierno, Enrique Ibarra, y el fiscal Gerardo Solí­s, así­ como la Subsecretarí­a de Derechos Humanos y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretarí­a de Gobernación, debí­an otorgar medidas de protección a Guadalupe Becerra y a su familia, y realizar “actos jurí­dicos” para que se reincorporara a su cargo.

Eso nunca pasó y hoy está desaparecida.

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