Reformar la constitución.

El gobierno estatal, séase Francisco Javier Garcí­a Cabeza de Vaca, ya se apresta a reformar la Constitución Local. Siempre que se toma este tipo de iniciativas aparece la suspicacia, pensamos mal pues, y creemos que lo hacen con un solo propósito: hacer reformas que les protejan la espalda o crear condiciones jurí­dicas que imposibiliten, o compliquen, tomar medidas en contra del gobierno mismo.

La decisión de reformar la Constitución se conoció hace dí­as. Resulta que, de manera sorpresiva, el Congreso Local –sin la menor recriminación de MORENA- aprobó de manera “fast track una Comisión que tendrá como objetivo actualizar la Constitución Polí­tica Local.

¿POR QUE REFORMAR LA CONSTITUCION?

No es extraño que se reforme la Constitución Polí­tica. Todos los gobiernos lo hacen, aquí­ lo que llama la atención es que hablan de un análisis sistemático y funcional para actualizar la Constitución Polí­tica. Se le reforma cuando, por decir, se pretende actualizar algún problema en particular: como el electoral, el penal, el de los derechos humanos, entre otros.

Se reforma, o lo hace cada gobierno, para buscar tener el mejor camino para cumplir con sus propósitos de gobierno. Por decir, a nivel Federal, Enrique Peña Nieto hizo reformas estructurales como la fiscal y la energética. Ahora el de AMLO, ya hizo reformas educativas como laborales. En el caso, especifico de la bancada panista local, no especifica, solo generaliza “actualizar”.

INTERES GUBERNAMENTAL Y POLíTICO.

¿Qué pretende el actual gobierno al pretender actualizar la Constitución Polí­tica? En términos teóricos toda modificación o actualización de la Constitución, o de una ley, debe ir encaminada a mejorar su contenido, es el interés gubernamental; la historia, sin embargo, esta plagada de como el gobernante hace actualizaciones constitucionales en el sentido contrario, con dedicatoria o simplemente para protegerse.

¿Qué sucede cuando llega al gobierno otro partido polí­tico? En principio, trata de borrar los signos del gobierno anterior, pero también buscar castigar o enjuiciar a quienes, según su criterio, cometieron una y mil tropelí­as. Recuérdese que la Constitución siempre establece este tipo de mecanismos. Así­, lo más lógico suponer, es que buscaran –con la actualización de la Constitución-, establecer más requisitos o condiciones para aplicar castigos a quienes se sirvieron y no sirvieron con el gobierno. ES el interés polí­tico.

ANALISIS SISTEMATICO Y FUNCIONAL.

La Comisión, todaví­a fantasma por no conocerse a sus integrantes, hará un análisis sistemático y funcional. Lo que conlleva, según la experiencia, a que integraran a especialistas, a que harán –sin la menor duda-, seminarios, congresos, consultas a expertos, para validar lo que, quienes promueven la reforma constitucional, ya deben de tener cuando menos una versión en borrador.

Borrador que, para los entendidos, ya debe tener el visto bueno de Abelardo Perales Meléndez en su condición de consejero jurí­dico del Poder Ejecutivo. Veremos, estaremos al pendiente, de los trabajos de la Comisión que tienen que ser transparentes y mostrar, evidenciar, una participación plural.

TRASCENDER EL SEXENIO.

Todo gobierno, de uno u otro partido polí­tico, siempre han mostrado la firme intención de trascender más allá del sexenio: la que tiene que ver con el poder, es dejar como sucesor a quien se identifique con los intereses del gobierno actual. Por eso, siempre, habla de uno u otro delfí­n. Incluso, hoy en dí­a, se menciona la idea de emular (o imitar) lo que ya sucedió en otras entidades: dejar como sucesor a un familiar, en algunos casos ha sido al hermano, en otros a la esposa.

Se busca trascender, de esta manera, para acrecentar el poder polí­tico; pero también, como un escudo que garantice protección o, dicho en otras palabras, impunidad a posibles juicios tanto polí­ticos como penales. Así­, por eso, llama la atención la rapidez con que se aprueba la Comisión; y, lo que sigue, es vigilar, estar al pendiente, de cómo se desarrolla el análisis sistemático y funcional de la Constitución Polí­tica.