El gobierno de Justin Trudeau en Canadá está en una encrucijada.
El primer ministro del país fue acusado de presionar a la anterior fiscal general para llegar a un acuerdo con una empresa señalada por corrupción, así como de tomar represalias cuando ella ignoró esas presiones.
Se trata de un grave escándalo que, según expertos en política canadiense, amenaza al gobierno de Trudeau hasta tal punto de poder costarle la reelección en las elecciones generales del próximo mes de octubre.
El primer ministro niega las acusaciones de “injerencia política” en el caso judicial de esta empresa, pero la crisis no deja de aumentar.
El pasado mes de enero, la fiscal general y ministra de Justicia Jody Wilson-Raybould, quien denunció las presiones, fue relegada de su cargo a otro puesto de menor importancia en el gobierno, del que acabó renunciando.
No fue la única. El principal asesor del primer ministro, Gerald Butts, anunció su dimisión poco después y esta semana también lo hizo otra ministra clave del gabinete de Trudeau: la hasta ahora ministra del Tesoro, Jane Philpott.
La oposición conservadora pide la salida de Trudeau del gobierno y diversas encuestas indican que la popularidad del primer ministro está cayendo notablemente de cara a los próximos comicios.
El escándalo: SNC-Lavalin
La crisis se centra en una empresa con sede en Quebec: SNC-Lavalin, una de las mayores compañías del mundo de ingeniería y construcción.
La firma y otras dos subsidiarias enfrentan acusaciones de fraude y corrupción por cerca de US$36 millones en supuestos sobornos que presuntamente ofrecieron a altos cargos del régimen libio de Gaddafi entre 2001 y 2011.
La empresa intentó llegar a un acuerdo con la Justicia para evitar el juicio, asegurando que ya ha tomado medidas y cambiado la manera de operar en la compañía.
SNC-Lavalin considera que sería injusto castigar a toda la compañía y a sus miles de empleados por la mala conducta de antiguos ejecutivos de la empresa.
Pero el asunto avanza hacia juicio y la firma asegura que “se defenderá vehementemente” contra las acusaciones.
Si es declarada culpable de los cargos, SNC-Lavalin tendría prohibido participar durante diez años en contratos de obras públicas en Canadá, lo que supondría un considerable daño financiero para la empresa.
“Inapropiado”
El escándalo comenzó a finales de febrero cuando un periódico reveló que Jody Wilson-Raybould había recibido presiones para ofrecer a SNC-Lavalin un llamado “acuerdo de enjuiciamiento diferido” que evitaría a la constructora su procesamiento en un caso de corrupción.
Wilson-Raybould lo confirmó poco después ante el Comité de Justicia de la Cámara Baja del Parlamento con unas explosivas declaraciones.
“Durante cuatro meses, de septiembre a diciembre (de 2018), experimenté un esfuerzo consistente y sostenido por parte de muchas personas del gobierno para conseguir que interfiriera políticamente en el ejercicio de la discreción de la fiscalía en mi papel como fiscal general de Canadá en un esfuerzo inapropiado para asegurar un acuerdo de enjuiciamiento diferido para SNC-Lavalin”, dijo Wilson-Raybould.
Ese pacto permitiría a la firma evitar un juicio criminal y, en su lugar, acordar otro tipo de condiciones alternativas como sanciones o medidas que cumplir.
Wilson-Raybould asegura que ella resistió la presión y considera que fue echada del Ministerio de Justicia como consecuencia de esta postura.
La exministra fue destituida el 14 de enero de forma inesperada y nombrada ministra para Asuntos de Veteranos, un cargo menor en el gobierno canadiense del que acabó dimitiendo.
Trudeau mantiene que todas las conversaciones que tuvo con Wilson-Raybould se enmarcaron dentro de la legalidad y fueron apropiadas.
El primer ministro defiende que cualquier iniciativa por parte de él o su círculo más cercano al respecto tenía como objetivo proteger empleos.
Según dijo, miles de empleos estaban en riesgo si la empresa iba a juicio.
En declaraciones a la prensa, Trudeau señaló que no coincidía con la “caracterización de los eventos” de la exfiscal general e insistió en que su equipo cumplió con las normas establecidas.
La importancia de SNC-Lavalin para Trudeau
SNC-Lavalin tiene sede en Quebec, una provincia “péndulo” en términos de política al ser vista como una de las claves para el Partido Liberal (de Trudeau) para ganar las elecciones.
Cuando los liberales ganan Quebec, suelen conseguir la mayoría de los asientos en el Parlamento. Cuando pierden en esta provincia, la caída electoral suele ser grande.
En el momento en que Wilson-Raybould dice que fue presionada para llegar a un acuerdo, Quebec estaba en medio de unas elecciones provinciales que llevaron a la salida del liberal Philippe Couillard del gobierno en esa zona de Canadá.
Wilson-Raybould asegura que el Partido Liberal sacó a colación los comicios en Quebec como una de las razones por las que ella debería considerar llegar a un pacto con SNC-Lavalin.
La pregunta clave
De momento, la crisis ya se llevó por delante a varios altos cargos del gabinete de Trudeau. Observadores de la política canadiense especulan con que otros actores destacados seguirán ese camino.
La Comisión de Conflicto de Interés y í‰tica de Canadá está investigando las denuncias de Wilson-Raybould para comprobar si se incumplió alguna normativa.
Por su parte, Wilson-Raybould considera que no se incumplió ninguna ley, pero al mismo tiempo asegura que la conducta de la oficina del primer ministro no fue correcta.
La pregunta clave en esta crisis es lo que todo esto supondrá para Trudeau y laspróximas elecciones de otoño.
El líder de la oposición conservadora, Andrew Scheer, ya pide la renuncia de Trudeau al creer que ya no es “una autoridad moral”.
Según analistas, es improbable que eso ocurra.
Sin embargo, en opinión de la destacada columnista en asuntos políticos canadiense Chantal Heber y otros expertos , sí es probable que los liberales lleguen a las elecciones de octubre con el caso SNC-Lavalin “aún sobre sus cabezas”.
Con información de BBC News Mundo
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