Familiares aseguran que desconocen su situación actual y solicitan que se garantice el debido proceso
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Entre la incertidumbre, la preocupación y las dificultades económicas, la esposa e hija del maestro Giovanni hicieron un llamado público a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para que intervengan y les ayuden a conocer la situación jurídica del docente, quien actualmente se encuentra privado de su libertad.
La hija del maestro aseguró que la familia atraviesa una situación complicada desde la detención de su padre, quien, según afirmó, cuenta con 17 años de servicio en la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y era el principal sostén económico del hogar.
“Mi papá tiene 17 años trabajando en la SET. Dependemos económicamente de él y estamos batallando mucho. Yo ya no estoy estudiando porque dependemos de él”, expresó.
La joven señaló que desde la detención de su padre la familia ha tenido poca información sobre su situación legal.
“Desde que se lo llevaron no hemos sabido de él. No sabemos qué está pasando y necesitamos saber. No sabemos qué hacer”, manifestó.
Asimismo, indicó que la familia carece de recursos para contratar una defensa particular.
“No tenemos ayuda de nadie. No tenemos abogado defensor ni nadie que nos apoye en este momento”, afirmó.
Sobre las acusaciones que enfrenta el docente, la hija señaló que desconoce los detalles del expediente, aunque considera que la situación pudo derivarse de la desesperación que, asegura, enfrentaba su padre debido a problemas laborales y económicos.
“Se le acusa de amenazas. Nosotros no sabemos exactamente qué pasó. A lo mejor actuó por desesperación porque decía que la Secretaría le debía dinero y que llevaba tiempo buscando una solución”, comentó.
De acuerdo con el testimonio de los familiares, el maestro Giovanni habría buscado apoyo de diversos funcionarios para resolver su situación laboral, sin obtener respuesta favorable.
“Cuando fue a buscar ayuda le dijeron que lo apoyarían, pero según nos contó nunca recibió esa ayuda. Ahora está detenido y nosotros seguimos sin saber qué va a pasar”, señalaron.
Los familiares también cuestionan las circunstancias en las que se llevó a cabo su traslado al Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, pues afirman que no pudieron verlo tras su detención y que el cambio de centro penitenciario complicó aún más la comunicación con él.
Ante ello, solicitaron a las autoridades estatales y federales revisar el caso y garantizar que el proceso se desarrolle con apego a la legalidad, respetando los derechos de defensa y la presunción de inocencia.
⚠️ Este medio mantiene abierto el espacio para conocer la postura de las autoridades competentes y de las personas señaladas en relación con este caso, en estricto respeto al derecho de réplica.
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