Ahora que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza David Colmenares Páramo, dio a conocer el último informe de la Cuenta Pública de 2024 avivó los casos de corrupción que se han registrado en los tres niveles de gobierno y que se han ventilado en diversos medios de comunicación, pero es más el escándalo que genera las “irregularidades detectadas” que aplicar las leyes para proceder en contra de aquellos funcionarios que supuestamente las cometieron.
La ASF detectó irregularidades por otros 59 mil 345 millones de pesos en el tercer informe de auditoría a la Cuenta Pública de 2024, que suman un total de 65 mil 107 millones de pesos por aclarar sólo en el último año de gobierno del expresidente López Obrador.
Seguramente, las irregularidades serán aclaradas por cada una de las dependencias federales señaladas en el informe de la ASF, por lo que no pasará nada luego del escándalo generado porque no se atreven a proceder en contra de aquellos funcionarios que cometieron actos de corrupción en el 2024.
La ASF también detectó irregularidades por poco más de 386 millones de pesos en 23 municipios de Tamaulipas, entre los que se encuentra el ayuntamiento de Soto La Marina que preside Glynnis Jiménez Vázquez, seguido por Abasolo que preside Yazmín Saldaña Pérez con más de 54 millones de pesos y luego aparece Jaumave que preside Manuel Báez Martínez con más de 50 millones de pesos.
Se espera que las alcaldesas Jiménez Vázquez y Saldaña Pérez, así como el alcalde Báez Martínez, aclaren las irregularidades detectas en su primer año de gobierno para salir de la lista negra de la ASF.
Y aunque las irregularidades detectadas por la ASF en el municipio de Madero, que preside Erasmo González Robledo fueron consideradas menores, los escándalos de corrupción denunciados por hasta los propios regidores de este ayuntamiento indican claramente que no hay un buen manejo de los recursos públicos.
A propósito, el alcalde González Robledo no sale de un escándalo de corrupción y ya enfrenta otro, aunque este no es nuevo porque procede desde el 2022, pero recobró vigencia con la reciente publicación del libro: “Ni venganza ni perdón” de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, en donde lo señalan de ser amigo de Sergio Carmona Ángulo (QEPD), identificado como el “Rey del Huachicol”.
No es el único alcalde que tuvo una relación cercana con Carmona Ángulo porque hay otros involucrados, según el libro de Scherer Ibarra y Fernández Menéndez, por lo que ayer la dirigente estatal de Morena, Guadalupe Gómez Núñez, salió en defensa de ellos y pidió pruebas.
De regreso con el último informe de la Cuenta Pública de 2024, resulta que la Cámara de Diputados debió publicar ayer la convocatoria para elegir al sucesor del actual titular de la ASF, Colmenares Páramo porque este año concluirá su gestión de 8 años.
Y aunque Colmenares Páramo tiene la posibilidad de reelegirse, resulta que no cuenta con el apoyo de la mayoría de los legisladores de Morena, ni mucho menos de la oposición, por lo que se da por hecho de que se promoverá el proceso de renovación para que la ASF tenga un nuevo titular.
Se habla de que Alfonso Damián Peralta, actual director general de Seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podría ser el sucesor de Colmenares Páramo, ya que es hermano de la consejera jurídica de la presidencia de la república, Esthela Damián Peralta.
Además de contar con una vasta experiencia en el ámbito de las auditorías, Alfonso Damián Peralta, parece tener el visto bueno (vobo) de la presidencia de la república, por lo que se da como hecho de que será el nuevo titular de la ASF.
Por otra parte, vaya golpazo que dio ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la “clase dorada” que gozaban de pensiones millonarias, como es el caso de los exempleados de confianza de la extinta empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC), puesto que el gobierno federal desembolsaba cada año 28 mil 74 millones de pesos para el pago de pensiones de 14 mil 73 jubilados.
De este total de jubilados, 9 mil 457 extrabajadores recibían una pensión de entre 100 mil pesos a un millón de pesos mensuales, según dio a conocer la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro Sánchez, durante la conferencia mañanera de El Pueblo en Palacio Nacional.
Hay otros integrantes de la “clase dorada” en otras empresas paraestatales, como es el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafin), entre otras, por lo que no se descarta que se organicen para protestar en contra de esta decisión de la presidenta Sheinbaum Pardo que puso fin a este abuso del erario público.
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