La periodista Martha Olivia López Medellín presentó una querella formal en La Haya contra el exgobernador de Tamaulipas, acusándolo de implementar una política de Estado basada en el uso ilegítimo de la fuerza, con presuntas ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura y persecución sistemática.
Ciudad de México.- La periodista Martha Olivia López Medellín presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas durante el periodo 2016-2022, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su administración.
De acuerdo con la acusación, durante su mandato se habría implementado una política de Estado orientada al uso ilegítimo de la fuerza pública, derivando en delitos graves como asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y persecución sistemática contra la población civil.
La denuncia fue entregada ante la sede de la CPI en La Haya, Países Bajos, donde ya fue firmada de recibido. Asimismo, el miércoles 4 de febrero se presentó una copia en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la Ciudad de México, acompañada de pruebas que, según la querella, sustentan la responsabilidad penal del exmandatario bajo el artículo 28 del Estatuto de Roma, al señalarlo como superior jerárquico con control efectivo sobre las corporaciones involucradas.
El documento subraya el papel del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), unidades tácticas que presuntamente habrían operado bajo órdenes directas o indirectas del Ejecutivo estatal.
Según la denuncia, estas instituciones no solo habrían sido utilizadas para combatir a la delincuencia, sino que habrían sido dirigidas contra ciudadanos tamaulipecos mediante espionaje con tecnología invasiva y operativos de “alto impacto” que derivaron en violaciones graves a los derechos humanos.
La querella sostiene que García Cabeza de Vaca habría diseñado una estructura normativa que permitió a estos grupos actuar con opacidad y sin sujeción a los controles constitucionales en materia de intervención de comunicaciones.
Entre los hechos específicos citados se encuentra la masacre de 19 personas, en su mayoría migrantes centroamericanos, ocurrida en Camargo en enero de 2021, donde se acreditó la participación de policías estatales que ejecutaron y calcinaron a las víctimas.
También se documentan presuntas ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo en 2019, donde agentes del GOPES habrían manipulado escenas del crimen colocando vestimenta militar a civiles para simular enfrentamientos, así como el caso de Juan Daniel Ortiz Martínez en Río Bravo en 2020, cuyo vehículo recibió 242 impactos de bala atribuidos a la Policía Estatal.
Estos hechos son presentados como parte de un patrón recurrente de actuación tolerado, permitido o encubierto por la máxima autoridad estatal.
La denuncia también incluye señalamientos sobre omisiones graves en la protección de defensores de derechos humanos, como el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez el 10 de mayo de 2017 en San Fernando, pese a contar con medidas oficiales de resguardo que resultaron ineficaces. Rodríguez exigía justicia por el asesinato de su hija.
Asimismo, se mencionan las desapariciones forzadas de 13 personas en Nuevo Laredo durante 2018, donde se habría documentado el uso de vehículos oficiales del Gobierno del Estado en operativos conjuntos con la Secretaría de Marina, evidenciando una presunta colusión institucional.
La querella enfatiza que el derecho a la verdad es fundamental para la sociedad tamaulipeca ante un historial de violencia institucionalizada.
Finalmente, Martha Olivia López Medellín solicitó a la Fiscalía de la CPI que se inicie una investigación formal para atribuir responsabilidad penal individual a García Cabeza de Vaca, requiriendo además la colaboración del Estado mexicano por vía diplomática y garantías de seguridad para la denunciante ante posibles represalias.
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