“¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” e “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”, resonaron con vigor en la voz de las madres, abuelas, hermanas, familiares de los 127 000 desparecidos de 1965 (tiempos de la llamada Guerra sucia) a la fecha, en calles y plazas de varias ciudades, durante la Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos, la decimotercera que se realiza desde 2011. Y si lo anterior no fuera suficiente son 27 las madres buscadoras asesinadas en los últimos tres lustros y una gran manta mostró sus rostros y encabezó la manifestación en la Ciudad de México.
Más allá de las consignas, la primera es bella pero inviable, que no es lo mismo que utópica porque el burro no habla de orejas, exigieron la conformación, junto con el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, de “un mecanismo extraordinario que permita localizar a sus seres queridos, realizar investigaciones y medidas de no repetición”. No queda claro si la exigencia fue consensuada entre los colectivos, lo cual es indispensable para que los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión fijen posturas, pues está claro que la desaparición forzada compete al Estado mexicano, que en su enunciado más elemental contempla población, territorio y gobierno, a todos.
El Comité contra la Desaparición Forzada, por su parte, desde que Enrique Peña despachaba en Los Pinos (2012-18) y hasta hoy sostiene que “la desaparición forzada en México se realiza de forma generalizada o sistemática”, como si estuviéramos anclados en tiempos de la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón.
Y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo rechaza que exista esta práctica perpetrada por el Estado, y alguna de las madres buscadoras respondió “Quizá no ordena las desapariciones, pero las solapa, las ha permitido a sabiendas de que siguen ocurriendo y eso lo hace cómplice y responsable”. Y ante ello piden a Sheinbaum “romper con los pactos de impunidad” e iniciar una “real restructuración” de la Fiscalía General de la República, órgano autónomo cuyo titular fue electo por el Senado. Es decir, el presidencialismo tiene marcados límites aunque insistan en rescatar a la tlatoani.
Cierto es que se trata de una lucha de cuando menos seis décadas que incluye al joven activista político y social, Alfredo Díaz Palacios, en Reynosa Tamaulipas. O más de 60 años, porque con Adolfo López Mateos en Palacio Nacional, y Gustavo Díaz Ordaz en la Secretaría de Gobernación fueron reprimidos sistémicamente los movimientos de los ferrocarrileros, telegrafistas, profesores capitalinos de primaria y médicos; asesinado Rubén Jaramillo, sus hijos y su esposa embarazada; además de Román Guerra Montemayor, en Monterrey, Nuevo León. La desaparición forzada como la prisión política fueron sólidas prácticas del autoritarismo del partido único que alardeaba de “invencible”.
Como bien dicen algunas voceras de colectivos, su lucha “es generacional”, porque sus familiares relevaron a quienes murieron sin encontrar a sus desaparecidos. Pero es de las actuales generaciones de buscadoras que dialogan en Bucareli con el gobierno para que sus opiniones se integren a las reformas legales propuestas por el Ejecutivo para reforzar y crear instituciones encargadas de dar con el paradero de los desaparecidos. Está claro que tales cambios podrían ser insuficientes, pues el grueso de las tareas de búsqueda son todavía de las víctimas indirectas.
Acuse de recibo
Teresa Gil sobre Musacchio: “En un reunión con periodistas, Humberto Musacchio, autor de la columna La República de las letras, que se publica en el diario Excélsior, advirtió a las autoridades locales de lo que está sucediendo, al presentar el caso de su propio condominio situado en Campeche 419 de la colonia Condesa, que está sujeto a esa amenaza de posible desalojo, desde hace cuatro años. Todo debido a una revisión que no queda clara de acuerdo a los documentos que tiene a la mano, algunos de los cuales entregó a los medios. Es una amenaza que se reitera a menudo, a través de expertos en construcción, como los ingenieros José Nolasco, Agustín Escudero en su momento, y otros funcionarios que mencionan el caso como de urgente resolución. Mientras, en esa zona de la colonia Condesa que es residencial hay hasta cinco empresas de la construcción en una misma oficina, lo que sorprende a habitantes del lugar. Como que las empresas de la construcción están utilizando el fenómeno de la reconstrucción para tomar una serie de medidas que el denunciante considera “de funcionarios corruptos”. Porque además ofrecen dinero público a quienes desalojen su vivienda y sean calificados de ‘damnificados’. Dinero que al parecer no llega a las manos de los desalojados, destaca Musacchio. https://mexico.quadratin.com.mx/libros-de-ayer-y-hoy-148/ (…) “¡Felicidades por el Día de la Victoria, 9 de mayo!”, le desea Elba Pérez Villalba. https://www.jornada.com.mx/2025/05/10/edito
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