Altamira, Tamps.- Luego de que el presidente de la Unión de Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento de Tampico, Servando Mata Trejo, denunciara públicamente que el gobierno municipal no cumplió con el aumento salarial prometido a jubilados y pensionados —generando una oleada de críticas y evidenciando una posible fractura interna en la administración local—, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya ofreció una respuesta que busca disipar las dudas sobre su autoridad y reafirmar su compromiso con el sector.
En una entrevista ofrecida a medios de comunicación, Villarreal explicó que todo aumento o acción administrativa debe seguir un proceso formal y legal, respaldado por lineamientos que permitan su posterior auditoría por los órganos fiscalizadores estatales y federales. “Lo que yo hago es mostrar una intención y una instrucción al secretario de Administración, Héctor Villalpando, y él debe cumplir con un proceso”, expresó.
Añadió que “cada acción de gobierno puede ser auditada” y por ello, el cumplimiento de los aumentos requiere sustento legal.
Estas declaraciones se dan tras un escenario de creciente descontento: el pasado 30 de abril, fecha esperada por los jubilados como el día en que recibirían el prometido incremento, terminó con frustración.
Mata Trejo acusó que, a pesar de la instrucción clara de la alcaldesa, el aumento fue pospuesto bajo el argumento de que apenas se estaba iniciando un estudio sobre su viabilidad. “Es una burla”, afirmó entonces.
Aunque la presidenta confirmó que el incremento del 12% al salario mínimo fue aplicado desde enero a los empleados del Ayuntamiento —incluidos los jubilados, según dijo—, reconoció que puede haber casos en los que la actualización no se haya reflejado por errores del sistema. Invitó a quienes estén en esta situación a acudir directamente a la administración municipal: “Los he atendido varias veces en la oficina de la presidencia […] quienes no vean reflejado ese aumento, que vengan, los vamos a atender con una sonrisa, con calidez y con resolución”.
Más allá del componente administrativo, la alcaldesa intentó proyectar una imagen de sensibilidad social: informó que ya se asignó un espacio digno a los jubilados para sesionar y detalló que cada jueves personal médico del Ayuntamiento visita a quienes están postrados en cama. “Ahí mostramos ese gobierno humano”, dijo.
Sin embargo, la respuesta no ha terminado de aplacar las críticas. La narrativa expuesta por la Unión de Jubilados señala no solo un incumplimiento material, sino una preocupante falta de cohesión interna: la posibilidad de que las instrucciones de la alcaldesa están siendo ignoradas por su propio equipo. Esto ha generado cuestionamientos sobre la efectividad del liderazgo de Villarreal, incluso aludiendo a su vínculo político con el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya.
La tensión entre lo dicho y lo hecho, entre la promesa y su ejecución, evidencia un malestar más profundo: el de quienes ven en la burocracia no un orden necesario, sino una excusa para prolongar la injusticia. En ese sentido, la respuesta de la alcaldesa, aunque estructurada, no disipa del todo la percepción de que algo falla en el engranaje institucional del gobierno municipal.
Mientras tanto, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: si la instrucción de la primera autoridad municipal no se cumple, ¿quién realmente toma las decisiones en Tampico?.
Por Agustín Peña Cruz | Reportero
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