Por Agustin Peña Cruz | Reportero
Aldama, Tamps.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Tamaulipas ha revelado irregularidades graves en la gestión de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Aldama durante el ejercicio fiscal 2023, en la que se ha señalado un desfalco de más de 20 millones 794 mil pesos, identificado tras una exhaustiva revisión financiera y de cumplimiento.
La investigación señala directamente a Jaime Desilos Izaguirre, Gerente General de la COMAPA, y a Ana Elizabeth Urbina Castillo, Contador General y responsable administrativo-financiera, como presuntos involucrados en el desvío de recursos. Ambos funcionarios son señalados por prácticas que contravienen las disposiciones legales en materia de transparencia, disciplina financiera y administración de recursos.
Además, el informe, emitido bajo la auditoría AEA/045/2024, señala que la gestión de la entidad no cumplió con las disposiciones legales aplicables. Las observaciones incluyen pagos no justificados, omisiones en el registro contable y posibles violaciones a la normativa de adquisiciones y disciplina financiera.
Entre los incumplimientos precisados resaltan transgresiones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, además de otras disposiciones fiscales y legales.
La auditoría identificó 19 observaciones no solventadas y una recomendación que evidencian un manejo opaco de los recursos destinados a la operación de esta institución pública.
Indica, la ASE que las irregularidades van desde pagos no justificados y omisiones en el registro contable, hasta incumplimientos en adquisiciones y transferencias que vulneran normativas clave como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas.
Mientras que, el Congreso del Estado, como parte de sus facultades, ha iniciado el análisis del informe, una medida que podría derivar en sanciones administrativas y penales contra los responsables.
Mientras tanto, a la COMAPA se le ha concedido un plazo de 30 días hábiles para presentar la documentación que aclare o solvente las observaciones señaladas, hace poco más de dos meses. De no hacerlo, las irregularidades podrían escalar a denuncias penales.
Por tanto, el caso pone en relieve la fragilidad de los controles internos en las instituciones públicas como las operadoras de agua municipal y urge que sean controladas por el Estado de Tamaulipas, ya que esto, ha dejado al descubierto la necesidad urgente de implementar mecanismos más fuertes para garantizar la correcta gestión de los recursos.
Sin olvidar que, la magnitud del presunto desfalco no solo representa un agravio contra la hacienda pública, sino también contra la confianza de los ciudadanos, quienes dependen de servicios básicos cuya continuidad podría estar en riesgo.
Mientras el Congreso avanza en su análisis, la mirada pública permanece fija en el desenlace de dicho caso, uno de tantos que se presentan en las COMAPAS municipales en la Entidad Tamaulipeca.
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