La Legislatura 65 de Tamaulipas, aprobó reformas a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, a fin de que no puedan ocupar cargos públicos, las personas condenadas por delitos cometidos en razón de género, sexuales, violencia política o sean deudoras alimentarias.
En su intervención, la Diputada Magaly Deandar Robinson, agradeció el apoyo a esta acción legislativa, conocida también como “Ley 3 de 3”, ya que al elevar a rango constitucional esta medida, se otorgará certeza a las víctimas de violencia de género, mediante la no elegibilidad de sus agresores; y por la irresponsabilidad de la o el progenitor para con sus hijos en una de las cuestiones más importantes como es el derecho a recibir alimentos.
“Se pretende que toda persona que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión público, cuente con un perfil orientado a respetar la vida, salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual, así como el derecho de alimentos y los derechos políticos electorales de las personas y, en especial de las mujeres”, reiteró.
Precisó que una persona que daña lo antes mencionado, no debe ocupar un cargo de este tipo, ni debe ser candidata o candidato para cargos de elección popular, porque el servicio público, por su propia naturaleza representa una función que se ejerce a favor de toda persona.
Por su parte, la legisladora Alejandra Cárdenas Castillejos, destacó que esta reforma es un paso importante en el estado, porque no se puede tolerar que quien vaya a representar a la ciudadanía, violente o incumpla con el pago de las pensiones de sus hijas e hijos “Cómo puede representarnos alguien que no se ocupa de que en su casa, las cosas estén bien, alguien que ni si quiera ha cuidado lo que tiene por un lado”, agregó.
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