AGENCIAS
CD. VICTORIA, TAM.- Durante gran parte del gobierno anterior en el Estado, la Policía Estatal operó al margen de la ley, en lo relativo a su armamento y autorización para su uso.
En la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García, se rebeló que 700 policías no contaban con porte de arma renovado y el punto más agudo ocurrió el 23 de julio del 2021, cuando la Comisión de Acreditación para las Agencias de Aplicación de la Ley retiró a la PET su acreditación tras los sucesos ocurridos en Camargo, en los que murieron 19 migrantes extranjeros.
En ese momento se dictaminó que los procedimientos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal no se ajustaban a las normas de las prácticas internacionales del actuar policial y, en consecuencia, el personal operativo de la corporación destacamentado en lugares fijos no tenía presencia disuasiva por la carencia de unidades y combustible.
Asimismo, la SSPE identificó severas anomalías en la asignación de cargos en la administración anterior, rubro en el que en once delegaciones regionales se detectaron ocho titulares carentes de jerarquía y experiencia para ejercer el mando, situación similar registrada en 30 de las 43 coordinaciones municipales.
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