De aprobarse la reforma minera podrían generarse demandas internacionales, ya que hay un trato discriminatorio, al proponer que sean exclusivamente las empresas paraestatales las que realicen la exploración, indicó Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).
En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios de El Heraldo Media Group, comentó que la iniciativa de reforma tiene muchas fallas, incluso de redacción; sin embargo, ya se encuentran en pláticas con las autoridades federales analizando cada punto.
“Hemos tenido entrevistas con los diferentes miembros de la Cámara de Diputados, de todas las fracciones, indicando cuál es nuestra inquietud, hay puntos totalmente imposibles de cumplir”, manifestó.
En ese sentido, dijo que desde la Camimex proponen tiempo para presentar sus propuestas, en un foro abierto y rechazan que busquen pasarla en fast track.
Respecto a quién participó en la redacción de esta propuesta, Gutiérrez señaló que aunque proviene de Presidencia, seguramente, intervinieron varias instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Economía.
“Pero con el afán de sacarla demasiado rápido trae muchas incongruencias, que ya se están trabajando ahorita en la Secretaría de Economía, como el otorgar concesiones por una sola sustancia, lo cual es imposible, el desconocer que la industria es de largo plazo y que no podemos acortar los plazos tanto para exploración como para explotación”, refirió.
Asimismo, rechazó que sea solo el Estado el que pueda realizar la exploración de las minas, son “cosas totalmente fuera de lugar”, afirmó.
“En minería estamos invirtiendo más de mil millones de dólares cada año en exploración, los recursos que tendría que tener Servicio Geológico Mexicano, quien realizaría aparentemente la exploración, no alcanza para esto y más si consideras que esas inversiones pueden llegar a ser de fondo perdido, porque nadie te garantiza que aunque estés gastando dinero en explorar vayas a tener éxito”, apuntó.
Finalmente, insistió en que es necesario que haya diálogo y que se apruebe la discusión en un foro abierto, donde intervengan los especialistas de parte de la industria minera y del gobierno.
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