El Gobierno Federal reclamó la suspensión del ‘plan B’ de la iniciativa de Reforma Electoral, y dijo que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez Potisek, quien otorgó la resolución, “arrancó hojas a la Constitución” con la determinación, por lo que prepara una impugnación para revocar la controversia y reestablecer la reforma.
“El artículo 105, fracción I de la Constitución mexicana prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral”, acusó el Gobierno Federal, quien dijo que la resolución de la SCJN lanzada la noche del viernes 24 de marzo, tenía diversas irregularidades:
“No es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante.”
“Tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite.”
El Gobierno acusa que nunca en la historia del país, un solo juez constitucional “dejó sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenó revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros.”
Por ello, dijo que solicitará al pleno de la Suprema Corte revocar el acuerdo que admite el trámite de la controversia y la suspensión del ‘plan B’ de la Reforma Electoral, ya que son contrarias a los principios fundamentales del Estado de Derecho.
“Resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los Poderes de la Unión”, recalcó la Presidencia.
¿Cuáles son las ilegalidades de la suspensión del ‘plan B’ de la Reforma Electoral?
Presidencia dijo que era preocupante que el ministro Laynez suspendiera la aplicación del ‘plan B’ de la reforma electoral debido a estas razones:
El Instituto Nacional Electoral (INE) no solicitó la suspensión total de la reforma, “sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto.”
La Constitución faculta a la Suprema Corte para conocer controversias en las que se cuestione la regularidad constitucional de normas generales, “con excepción de las que se refieran a la materia electoral”, ya que “no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir.”
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