Tampico, Tamps.- La separación de poderes en México es una de las garantías que equilibra la balanza de la justicia que tanto sostiene la mística diosa griega “Temis” para no caer en la autocracia y por ende privilegiar la democracia. Al tener separado el poder ejecutivo, legislativo y judicial, este último aparentemente es imparcial y garantiza sustancialmente la justicia ya que quienes imparten la misma al menos tienen la licenciatura en derecho, cosa que no sucede en los dos primeros mencionados pero que a veces estos ponen en riesgo la justicia al proponer personalidades o modificaciones a la ley que van afines a ideologías partidarias o caprichos de del ejecutivo.
Aunque, como en algunos de los casos también hay fallas, el hecho más reciente es la ministra, candidata a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, donde se resaltó el plagio de su tesis para grado de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de no haberse hecho público la deshonestidad académica y el plagio intelectual (delito sobre derecho del autor), tal vez hubiera conseguido dicho cargo. En este sentido, el abogado general de la UNAM, sostendría que “no sólo cometió una conducta ilícita que es, en términos kelsenianos, la condición necesaria de una posible sanción, sino que, con el plagio, también hizo posible que el acto jurídico institucional, consistente en la ostentación legal como licenciada en derecho, naciera viciado de origen”. Se retoma, este caso porque la ministra como es del dominio público fue una propuesta del ejecutivo federal para ocupar dicho cargo en la SCJN.
Mientras que, en Tamaulipas pasa un hecho poco peculiar en las reformas de las leyes, que, a decir de eruditos en materia legal, no hay razón lógica de dicha ponencia para la modificación en el tema judicial por que se pone en riesgo la independencia de impartición de justicia.
La fundación Justicia, hizo difusión el día de ayer un desplegado de organismos, institucionales y abogados litigantes en la que fijan la postura sobre “La reforma judicial que se discute en el Congreso de Tamaulipas”, el cual califican que “es un peligro para la independencia judicial”.
En dicha difusión expresan puntos importantes como: “separar la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia local de la del Consejo de la Judicatura”, en este sentido califican que implica “un retroceso en términos de independencia judicial”, por lo que alertan las diversas organizaciones de la sociedad civil.
“La iniciativa propone reformar varios artículos de la Constitución local, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con el fin de que la presidencia del Consejo de la Judicatura no recaiga en el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, como ocurre actualmente, no sólo en Tamaulipas, sino en la mayoría de los poderes judiciales a nivel local y federal. Es decir, el Pleno del Tribunal, integrado por los magistrados designaría tanto al presidente del Tribunal, como al presidente del Consejo, de entre sus respectivos integrantes”, se precisa.
Según la sociedad civil conformada por litigantes, en esta iniciativa no se plantea la “distribución de las atribuciones del actual presidente entre ambas presidencias, sino que prevé que ambas tengan todas las atribuciones, lo cual probablemente generaría conflictos importantes entre quienes lleguen a encabezar estas dos instituciones, lo que acabaría debilitando al Poder Judicial”.
Cabe hacer mención conforme a lo antes expuesto en el área legislativa, en promedio quienes abrogan y derogan, artículos de alguna norma pero están carentes de título universitario en materia de derecho o afinidad al mismo; por lo que sentencia la sociedad civil que: “lo más preocupante es que, antes de presentar la iniciativa ante el Pleno del Congreso, las legisladoras autoras de la misma no parecen haberla consultado con el Poder Judicial local pese al gran impacto que tendría sobre la organización y el funcionamiento de este último”.
Además, no hay que pasar por advertido la resolución de la Controversia Constitucional 81/2017, la cual señala que “separar las presidencias del Tribunal y del Consejo de la Judicatura obliga a disociar la coordinación entre los dos órganos y obstaculiza el gobierno del Poder Judicial”, por lo que “implica un riesgo de conflictos competenciales dentro del mismo”.
Por otra parte, dejan entrever que hay conflicto de interés entre el legislativo y ejecutivo local porque “la justicia no debe ser un instrumento al servicio de la clase política, sino de la ciudadanía”. Y recalcan que, “es fundamental fortalecer la independencia judicial”.
Los manifestantes ante la propuesta son: Organizaciones firmantes; Borde Jurídico, Borde Político, Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina de Tonalá en Jalisco, Colectivo Foco Tonal de Santa Cruz de las Huertas, Tomalá, Colectivo Justicia para el Pueblo, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Designaciones Jalisco, Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, A.C. (DLM), Equis Justicia para las Mujeres, Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra A.C., Fundación para la Justicia, Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C., MagistradaYa, México Evalúa, Mexiro A.C., Observatorio Ciudadano Tamaulipas, Observatorio de Designaciones Públicas, Observatorio Legislativo ITESO, Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad del Estado de Jalisco, Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la salud y el Territorio; y a firmantes a título personal, Daniel Serrano de Rejil, Eliana García Laguna, Ernesto Peralta Medina, Jimena Candano Conesa, Laurence Pantin y Susana G. Camacho M.
La RegiónTamaulipas, fundada desde 2004 con sede en Ciudad Victoria, Tamps.