El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los Lineamientos para garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral por parte de las personas servidoras públicas.
Estos lineamientos tienen el objetivo de evitar que personas en el ejercicio de un cargo público participen o realicen cualquier acto de injerencia en detrimento de la imparcialidad y equidad en los Procesos Electorales Federales y Locales y en los mecanismos de participación ciudadana que se llevarán a cabo en 2023 y 2024.
En ellos se establece que quienes operan los programas sociales, “servidores de la nación” o cualquier persona del servicio público que interactúe como intermediario en la entrega de beneficios o realice actividades con beneficiarios, deberán conducir su actuar de manera institucional y sin realizar actos que generen la percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o partido político, o bien, que su continuidad depende de la permanencia de una opción política en el gobierno.
Además, las servidoras y servidores públicos deberán abstenerse de instruir o coaccionar al personal a su cargo para que realice cualquier conducta relacionada con los procesos electorales o de democracia directa; tampoco podrán dirigir mensajes de índole electoral a la ciudadanía, ni usar los recursos públicos a los que tienen acceso o a su disposición para invitar a votar a favor o en contra de una opción política.
Lineamientos buscan garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad
Al presentar los lineamientos, la Consejera Adriana Favela explicó que éstos se aprueban en acatamiento a una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y lo que se busca con ellos es “garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral por parte de las personas servidoras públicas”.
Estos lineamientos, precisó, se han trabajado con diversas áreas del INE como la Comisión de Quejas, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, con la Secretaría Ejecutiva, con la Dirección Jurídica, así como con las distintas consejerías.
“Los lineamientos también tienen como objetivo establecer los mecanismos para prevenir, investigar, corregir y dar elementos para, en su caso, sancionar los hechos y conductas cometidas por las personas servidoras públicas relacionadas con la vulneración a los principios constitucionales y de las reglas a las que están obligadas”, agregó Favela.
Lineamientos abonan a la equidad de los procesos electorales
La Consejera Dania Ravel destacó que este tipo de proyectos son fundamentales para la equidad de las contiendas electorales.
Recordó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos anticipados de precampaña como las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral, hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.
Sentencia mandató al INE prevenir injerencia de servidores públicos en elecciones
La Consejera Carla Humphrey recordó que, de acuerdo con la sentencia del TEPJF, se ordenó al INE que en un plazo de 30 días hábiles “se elaboren reglas o lineamientos en los que se establezcan con certeza las medidas preventivas a fin de evitar la injerencia y/o participación de personas servidoras públicas, así como los denominados servidores/servidoras de la nación en los procesos electorales y, de manera específica, el día de la Jornada Electoral”.
Aunque acompañó los lineamientos en lo general, Humphrey pidió votaciones por separado, a fin de establecer una temporalidad a la restricción de las y los servidores públicos que aspiren a competir por cargos electivos que les prohíbe asistir a eventos en que se entreguen beneficios de programas de actividades institucionales.
Lineamientos son producto de una falla estructural
“Estamos ante unos lineamientos que son necesarios por una falla estructural de nuestro subdesarrollo económico, político e institucional”, consideró el Consejero Ciro Murayama.
¿Por qué en las democracias desarrolladas este tipo de reglas no se discuten, son ociosas, nadie piensa en ellas?, planteó Murayama. “Porque existen servicios civiles de carrera, incluso desde los ayuntamientos, que hacen que los servidores públicos trabajen sí para el Ejecutivo, pero no para el gobierno en turno y también es fruto de nuestro subdesarrollo el uso de programas sociales para palear la ausencia de instituciones que garanticen derechos sociales”.
Facultad reglamentaria brinda certeza
“Sin la facultad reglamentaria, los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima publicidad, eficacia y paridad, sería un poco más que letra muerta ante una insuficiente regulación de las cosas que real y materialmente suceden en los procesos electorales”, apuntó el Consejero Martín Faz.
En este sentido, mencionó, este acuerdo concentra un conjunto de reglas que se han ido confeccionando y perfeccionando desde la reforma constitucional que prohibió la intervención de las personas servidoras públicas en los procesos electorales, en el año 2007.
Responsabilidad de servidores públicos aplicar recursos con imparcialidad
La Consejera Claudia Zavala recordó que el artículo 134 constitucional indica que son obligaciones de los servidores públicos aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad antes y después de los procesos electorales.
“En esa medida, lo que tratamos de hacer y generar en estos documentos es realizar este compendio de criterios, elaborarlos en unos lineamientos y darle un sentido a tres grandes principios que tienen que ver con la exigencia de comportamiento de los servidores públicos: imparcialidad en el uso de los recursos, neutralidad en el comportamiento, incluso en la forma de manifestar las cosas y la exigencia de prohibición de propaganda personalizada”, afirmó.
Fuerzas políticas y servidores han ejercido formas de clientelismo político
El Consejero Jaime Rivera enfatizó que algunas fuerzas políticas y servidores públicos han buscado “darle la vuelta” a las prohibiciones y encontrar nuevas formas de clientelismo político y de control corporativo de la acción y preferencias políticas, en sectores sociales económicamente menos favorecidos y más expuestos a la coacción y al control.
Por lo que estos lineamientos, detalló, son producto de evolución y experiencias políticas que reclaman unas reglas para cuidar la equidad de la competencia política y ofrecer a todas y todos los contendientes “una cancha sin ventajas indebidas, ya que responde a una maduración de las capacidades de las autoridades electorales, no sólo administrativas, sino jurisdiccionales”.
El Consejero José Roberto Ruiz y la Consejera Norma De la Cruz anunciaron votos particulares de los lineamientos.
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