* -De septiembre a la fecha las autoridades e inspectores han clausurado bancos de materiales, una construcción en la Biosfera del Cielo y cerrado una industria de plásticos.
Ciudad Victoria,Tamaulipas.- Aún cuando está por concluir el presente año, inspectores del Gobierno del Estado efectúan diversos recorridos en los municipios con el propósito de continuar los trabajos de combate a delitos ambientales, expresó el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández.
Explicó que esto forma parte del Programa de Inspección para la Prevención y Combate al Delito Ambiental implementado el 4 de septiembre pasado, lo cual refuerza las acciones del Gobierno del Estado con el propósito de cuidar y proteger el medio ambiente.
Desde entonces a la fecha las autoridades estatales en conjunto con inspectores ambientales han clausurado bancos de materiales como los del ejido El Olivo y Rancho Nuevo en Cd. Victoria; uno más en Antiguo Morelos; una construcción por incumplir la normatividad del plan de manejo del írea Natural Protegida de la Biósfera El Cielo y una empresa de plásticos en Reynosa, por delitos ambientales.
El Programa de Inspección para la Prevención y Combate al Delito Ambiental consiste en que a partir de su implementación la ciudadanía u organismos no gubernamentales pueden presentar quejas o denuncias directas, las cuales son atendidas de inmediato, siempre y cuando se llene un formato oficial de la SEDUMA.
En este sentido el secretario Estrella Hernández reiteró que la instrucción girada por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es ser celosos vigilantes en la protección del medio ambiente.
Pese a que faltan escasas semanas del año 2019, se espera que de un momento a otro arrojen resultados los operativos que realizan inspectores del Gobierno del Estado para continuar el combate de delitos ambientales en los 43 municipios de la entidad.
El funcionario estatal explicó que en seguimiento a la política de apertura del Gobernador se tiene estrecha comunicación y coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, a quienes se turnan los delitos ambientales según corresponda la competencia para actuar conforme a la ley.
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