Tradicionalmente el gobierno federal delimita acuerdos, negociaciones, arreglos con los partidos políticos y con empresarios de la iniciativa privada nacional o extranjera, por lo menos así se ha inferido, ya por la vía política o diplomática.
En este tenor, destaca la participación del Jefe Diego Fernández de Ceballos, militante del PAN, quien entre otras cosas, dijo en Milenio Televisión, que los resultados electorales del domingo 2 de junio “…son consecuencia… o resaca de la elección del 2018. Lo lamentable es la bajísima participación de los electores.â€
Los columnistas hablan temas como la operación cicatriz, el mismo abstencionismo en los seis estados donde hubo elecciones, etc., pero una voltereta política ensombrece el triunfo de los de Morena, incluyendo al presidente López.
En México todavía vivimos la vieja costumbre de que la palabra del presidente de México es ley, pero parece que este junio de 2019 cambia la historia del país, cuando se difunde en todos los medios que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa suspendió las obras que se estaban realizando en Santa Lucía.
Es decir, la polémica que se armó entre la ampliación del Aeropuerto Benito Juárez en terrenos de Texcoco y la de construirlo en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, ahora toma rumbo contrario a la voluntad presidencial.
Resulta que los Magistrados que conforman el Colegiado, determinaron aceptar el recurso de queja presentado por un ciudadano de nombre Juan Ramón Morera Mitre, actual director de la Textilera Novalan, S. A. de C. V.
Pese a que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, anteriormente le negó la suspensión provisional que solicitó para frenar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. Esta vez de dictó en contrario, Don Juan Ramón ganó un recurso de Amparo.
Morera Mitre argumentó en el Juicio de Amparo “…el incremento de la tarifa aeroportuaria anunciada por el gobierno federal para este 2019… además sostuvo que como usuario paga cantidades excesivas para viajar en avión… indicó a los magistrados que el aumento en la tarifa debía darse por las razones autorizadas en la ley y no para financiar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, como planea el gobierno federal…†escribió la periodista Diana Lastiri en El Universal hoy.
El demandante demostró que no existen las autorizaciones correspondientes en materia de medio ambiente; sumó a sus argumentos que en la zona de los municipios de Zumpango y Tecámac, existen áreas naturales protegidas.
Los hombres de leyes consideraron que los actos reclamados sobre el anuncio de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y la sustitución de este en la Base Militar de Santa Lucía, sin contar con las autorizaciones y permisos en materia de impacto de ambiental y sus actos de ejecución, son ciertos.
El golpe político ahí está, firme aunque provisional, devastador de la moral, porque pese a los dimes y diretes que se generaron por este conflicto de intereses, ahora sin aspavientos, sin escándalos, calladitos… la obra del presidente se detiene por un resolutivo judicial.
La sonrisa que oculta el enojo apareció en el rostro del Titular del Ejecutivo, Manuel López, quien entre abrió los labios para balbucear que cumplirá con la sentencia del Colegiado y… esperará a la emisión de los dictámenes correspondientes para continuar con la obra.
Para López Obrador esto de los tribunales no es nuevo, puesto que como Jefe del Gobierno del entonces Distrito Federal, un Tribunal ordenó la suspensión de una obra y desoyendo la voz de los magistrados, ordenó seguir los trabajos, contraviniendo el mandato que ameritaba presión por desacato a la autoridad judicial, pero el presidente Vicente Fox (2000-2006) omitió el pleito.
Los magistrados federales ¿harán que se cumpla su resolutivo, aún provisional?
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