Desplazados en México, exige precisión y claridad para poder castigar el delito

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A propuesta del Partido Revolucionario Institucional, la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, sesionará en Parlamento Abierto  el próximo 6 de marzo, para que organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos,  aporten a la legislación de un nuevo tipo penal, el “desplazamieno forzado interno”, que atenderá a la población, que se ve obligada a dejar su lugar de origen o asentamiento, ya sea por motivo del crimen organizado o razones étnicas.

La diputada federal, Mariana Rodrí­guez Mier y Terán argumentó en contra del dictamen a discusión que modificaba el Código Penal Federal, debido a que la redacción propuesta por el Partido mayoritario de Morena no reuní­a la precisión que exige el derecho penal.

La secundó el resto de la oposición, en el entendido de que este nuevo ordenamiento exige precisión en la definición del “desplazamiento forzado” de lo contrario no se podrá perseguir el delito.

La legisladora por el estado de Tamaulipas explicó que todos los partidos polí­ticos están de acuerdo  en  discutir el tema, sin embargo, no se puede legislar con premura o de abrir una puerta falsa  con una legislación que no va a atender las necesidades de la población expulsada.

“Se trata de replantear la configuración del delito, poner las palabras exactas que describan el tipo penal, aquí­ no valen las analogí­as, no es suficiente tener una buena intención si la redacción en la ley no se va a poder aplicar y lo deseable es construir  el mejor tipo penal aplicable”, argumentó Rodrí­guez Mier y Terán.

Apeló  a la seriedad y la razón de los legisladores de Morena  y explicó que en la propuesta del partido mayoritario no se puede hablar de expulsión, si no se especifica  dónde inicia,  como ya lo estable el derecho internacional y lo reconoce Naciones Unidas; tampoco es pertinente referirse a los conflictos armados, porque en la jurisprudencia equivale a una guerra y lo que existe en México es el crimen organizado con repercuciones a la falta de seguridad que todos padecemos.

A esta posición se sumó la tambien diputada del PRI, Ximena Puente de la Mora, quien expuso que es obligado unificar posiciones y entrar al análisis minucioso, a través de un Parlamento Abierto, que nutra el quehacer legislativo, “se trata de mandar un mensaje de apertura y de valorar lo que tiene que aportar la sociedad civil”.

Las consideraciones  fueron tomadas en cuenta y  los integrantes de la Comisión de Justicia votaron a favor de no desechar la discusión sobre los desplazados, pero, hacerlo con conocimiento de causa y abrir audicencias públicas a fin de que las organizaciones de la sociedad civil participen tal y como ha ocurrido en otras  materias  de relevancia como la Guardia Nacional, la reforma al artí­culo 19 Constitucional, referente a la prisión preventiva oficiosa o la Ley Orgánica de la Fiscalí­a.

La Comisión de Justiciase declaró en sesión permanente para desahogar el dictamen que adiciona disposiciones del Código Penal Federal en materia de desplazamiento interno y fija un plazo de 15 dí­as para tener una redacción congruente y precisa con el tipo penal de los desplazados.

En el desarrollo de la sesión, los legisladores  aprobaron otros dictámenes, que destacan por su bondad, al tener un impacto inmediato en la sociedad, como el que elimina las dispensas a jueces para que los niños, niñas y adolescentes se casen, dijo la diputada Mariana Rodrí­guez Mier y Terán.

La reforma al  Código Civil Federal establece que la edad minima para contraer matrinonio son los 18 años de edad y se eliminan las dispensas de jueces. Las entidades federativas tendrán seis meses para hacer los ajustes necesarios y homologar su legislación.

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