Brinda IDPET atención jurídica personalizada a más de 100 personas en el CEDES Matamoros

Matamoros, Tamaulipas. – El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) llevó a cabo una jornada de atención directa y supervisión en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Matamoros, como parte de su compromiso de garantizar que el acceso a la justicia sea una realidad para todos los sectores de la población.

La brigada de trabajo fue encabezada por la directora general del Instituto, Roxana Guerrero Galván, quien fue recibida por la titular del centro penitenciario, Romana López Vega. El encuentro permitió coordinar esfuerzos institucionales para verificar el estatus legal de los internos y garantizar que cuenten con una defensa técnica de excelencia.

Durante la jornada, se brindó asesoría y atención personalizada a 114 Personas Privadas de la Libertad (PPLs). Estas acciones permiten fortalecer las estrategias de defensa y supervisar que cada proceso judicial se desarrolle con estricto apego a derecho y respeto a los derechos humanos, siguiendo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya.

En la mesa de trabajo participaron también el director de Defensorías, César Ávalos González, y el coordinador regional, José Luis García, junto al cuerpo de defensores públicos adscritos a esta demarcación. La presencia de las autoridades estatales reafirma el compromiso de mantener una vigilancia constante en los centros de ejecución para certificar que el servicio de defensoría sea digno, eficiente y cercano.

“La defensoría gratuita es un pilar fundamental para la justicia en nuestro estado. No solo representamos legalmente a las personas, sino que garantizamos que el sistema de justicia funcione con transparencia y equidad para quienes más lo necesitan”, destacó Guerrero Galván durante el recorrido.

Con estas jornadas de atención directa, el Gobierno de Tamaulipas, a través del IDPET, consolida su labor de servicio social y compromiso con la legalidad, trabajando de manera coordinada con las autoridades penitenciarias para asegurar que nadie carezca de una representación jurídica adecuada frente a la ley.