El Congreso de Tamaulipas restringió el acceso y la movilidad de periodistas sin emitir información oficial ni lineamientos claros, generando denuncias por trato arbitrario, opacidad y posibles afectaciones al ejercicio de la labor informativa.
Por Julio Manuel Loya Guzmán.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Bajo medidas poco claras y sin comunicación oficial, el Congreso del Estado ha comenzado a restringir el acceso y la movilidad de periodistas dentro de sus instalaciones, generando un clima de tensión e inconformidad entre el gremio.
Desde este lunes, áreas que anteriormente eran de libre tránsito para la cobertura informativa fueron declaradas como “restringidas”, con presencia de personal de seguridad encargado de impedir el paso a reporteros, sin que exista hasta ahora un posicionamiento público que justifique la decisión ni detalle los nuevos lineamientos.
La medida ha sido señalada como arbitraria, no solo por la falta de aviso previo, sino por la manera en que se está ejecutando. Comunicadores denuncian que han sido interceptados mientras realizaban su labor, enfrentando actitudes intimidatorias y un trato inapropiado por parte del personal de seguridad.
A esto se suma la aplicación discrecional de las restricciones. Mientras a algunos periodistas se les niega el acceso o incluso la salida por ciertos puntos, otras personas continúan transitando sin impedimentos, evidenciando la ausencia de criterios uniformes.
Aunque elementos de seguridad han argumentado que las limitaciones derivan de un supuesto incidente reciente en el estacionamiento norte, hasta el momento el Congreso no ha informado oficialmente sobre lo ocurrido ni ha transparentado las razones detrás del endurecimiento de las medidas.
Para el gremio periodístico, este escenario no solo refleja desorganización institucional, sino que abre la puerta a posibles vulneraciones al derecho a la información y al ejercicio libre del periodismo en un espacio público.
Ante ello, comunicadores exigen claridad, reglas definidas y respeto a su labor, advirtiendo que cualquier intento de restringir el acceso a la información bajo argumentos opacos representa un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.
















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