En Tamaulipas, las brigadas escolares creadas desde 2007 siguen sin aplicarse. Aunque hay leyes para proteger a los adolescentes, la falta de acción mantiene a miles de estudiantes vulnerables ante violencia y bullying.
Por Agustín Peña Cruz | La Región Tamaulipas
Altamira, Tamps. – En Tamaulipas, la distancia entre lo que establecen las leyes y lo que ocurre en las escuelas sigue siendo preocupante. Aunque desde 2007 fueron aprobadas las brigadas escolares —estructuras de prevención y mediación entre maestros, padres y alumnos—, estas aún no operan de manera efectiva en los planteles públicos, reconoció la diputada María del Rosario “Charo” González Flores, presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud en el Congreso local.
“Las brigadas escolares llevan más de 15 años aprobadas, pero la Secretaría de Educación no las ha hecho suyas. Se requiere voluntad para que realmente funcionen”, señaló la legisladora.

📌 Una legislación robusta, pero sin aplicación
México cuenta con leyes que obligan al Estado a proteger a niñas, niños y adolescentes: la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y en el ámbito local, la Ley de Justicia para Adolescentes de Tamaulipas. Todas coinciden en la prevención de la violencia, la protección de entornos seguros y el uso de medidas socioeducativas.
En el terreno educativo, la SEP también promueve manuales de seguridad que contemplan brigadas de evacuación, primeros auxilios y comunicación. Sin embargo, esos protocolos rara vez llegan a los salones de clase.
📱 Celulares: un problema que crece sin regulación
A este vacío se suma el uso indiscriminado de celulares en las escuelas. Casos como el del CETis 103, donde un alumno fue víctima de bullying y su humillación se viralizó en redes sociales, evidencian la falta de reglas claras.
La diputada González propone un modelo intermedio: permitir la comunicación entre padres e hijos, pero bajo un sistema de resguardo seguro que impida que los dispositivos se conviertan en armas de acoso o en distracciones constantes.
🚨 El reto político y la urgencia social
La legisladora informó que ya envió un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública para que las brigadas escolares comiencen a operar en el plazo establecido desde mayo pasado: 90 días. “Estoy esperando conocer qué avances se tienen”, apuntó.
Mientras tanto, algunas escuelas privadas han implementado protocolos internos de seguridad y convivencia, pero la mayoría de los planteles públicos siguen esperando lineamientos oficiales. “La protección debe ser universal, sin importar si un alumno paga colegiatura o asiste a una escuela pública”, advirtió la diputada.
La deuda está clara: la ley protege a los adolescentes en el papel, pero en la práctica siguen desamparados en sus propios salones de clase.
















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