De todos es conocido que durante el pleno poderío del cabezato, el lugarteniente y brazo derecho de los fallidos vientos, con facultades metaconstitucionales, es decir por encima de lo establecido en la Carta Magna, era su hermano, el actual diputado local Ismael García Cabeza de Vaca.
Insólito: sin ostentar cargo público alguno, llegó a manejarse como un verdadero vicegobernador.
Con la anuencia del Ejecutivo estatal, sin que nadie en lo interno se le opusiera, dueño de un poder filial nunca visto, buscó construir su propio proyecto sucesorio.
El llamado “Manito”, era el que llevaba las riendas de la política interior, abría y cerraba puertas, según convenía a los intereses de su camarilla. Pero lo más relevante es que ningún negocio o nombramiento se movía sin su consentimiento.
Hoy la rueda de la historia ha dado vueltas, e IGCV, según trasciende, se encuentra en los umbrales del desafuero.
Desde el seno del actual sexenio guinda, se escuchan voces bien informadas, cuya advertencia no deja lugar a dudas: esta vez, no habrá legislatura que le brinde blindaje, ni tampoco funcionarios transexenales que inventen legalismos corruptos para rescatar a Ismael de las acusaciones que se le formulan.
El costal de cargos e ilícitos debidamente documentados contra el único integrante del clan cabecista, que hasta ahora nadaba ufano en las aguas de la política tamaulipeca, es bastante pesadito.
El brother de Cabeza enfrenta toda una batería de imputaciones, tanto de índole estatal, como en el ámbito de lo federal. Se encuentra como reza el argot popular, hasta el chongo de piojos, en materia de acusaciones por indebidos manejos de los dineros públicos.
De acuerdo a la Contraloría Estatal, la Fiscalía Anticorrupción del estado y la Fiscalía General de la República, sin desempeñar ningún cargo, el hoy acusado tenía más poder que todas y todos los integrantes del gabinete que rodeaba al gobernador Cabeza.
Si las versiones en el sentido de que, desde el gobierno federal y estatal siguen las huellas de Ismael y preparan primero su desafuero, y posteriormente su captura de orden penal, el grupo texano que gobernó nuestro estado en el periodo 2016-2022, sufriría por primera vez en su historia, un duro golpe, del cual les sería muy difícil reponerse.
A la luz de las múltiples pruebas que se tienen formalmente integradas, resultará demasiado burdo que, los tex-mex cabecistas busquen revivir la narrativa de la persecución política, como argumento para tratar de evitar la acción de la justicia.
El asunto es demasiado grave, y olvidarlo o echarle tierra, como coloquialmente se dice, representaría un serio agravio para el pueblo de Tamaulipas. Es de tal dimensión el daño al erario, cometido por Ismael, dicen, que su poderío ejercido en los hechos, lo llevó a meter mano en los presupuestos más jugosos de la anterior administración. Áreas como salud, la UAT y muchas otras fueron objeto del manoteo contable y depredador, más voraz de que se tenga memoria.
Todo parece resumirse en tres palabras clave: Tráfico de influencias, amenazas y extorsión.
De acuerdo a funcionarios del área jurídica del actual gobierno estatal, la lista de quebrantos al patrimonio presupuestal del pueblo tamaulipeco, es bastante amplia. La titular de esta oficina, la abogada Tania Contreras López ha señalado que todos los desvíos de dinero, por parte IGCV están perfectamente documentados. Hasta la fecha se han integrado tres carpetas de investigación, lo cual constituye en su conjunto un paquete de pruebas irrebatibles.
Si no se han dado a conocer los montos de los ilícitos cometidos, es porque las investigaciones siguen su curso. Todo ello siempre estuvo en la mira de los órganos punitivos de la 4T en el estado, pero no podían hacer gran cosa, por la protección que les brindaban, los cómplices que dejó sembrados en cargos estratégicos, el exgobernador CV de triste memoria.
Hoy, los candados legaloides han sido desbloqueados, y la acción de la justicia va derecho sobre los responsables. Independientemente de la inmunidad procesal que tengan los imputados, se sabe que más temprano que tarde, habrá de acabarse la impunidad hasta ahora imperante, ante la fuerza de la ley y de la justicia.
No es ocioso destacar que, las acciones de carácter penal contra los cabecistas ya se han puesto en marcha, y difícilmente se detendrán. ¿Algunos ejemplos? Por parte de la Contraloría estatal se han presentado doce denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del estado.
De igual manera, el Auditor Superior del estado, Francisco Noriega Orozco tiene perfectamente documentados, diversos desfalcos administrativos del sexenio anterior. Y todas las huellas, según trasciende, conducen al “Manito”.
En el sector salud, se habla de graves daños en el abasto de medicamentos; privatización de farmacias, contratos irregulares, así como el pago indiscriminado para las factureras que pulularon por todos los rumbos y sectores del sexenio azul.
Por lo pronto, la voz del líder parlamentario de MORENA en Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, resuena como la sentencia de un veredicto de una soberanía popular, atenta a cualquier notificación de la Fiscalía General de Justicia. O cualquier señal que provenga de ese mismo ámbito, con lo cual se seguiría el procedimiento correspondiente.
Hablamos del desafuero para el diputado panista Ismael García Cabeza de Vaca.
Los que saquearon el erario de las familias tamaulipecas deben de preocuparse. Todo parece indicar que la mano de la justicia, está cada vez más cerca.
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