Participa en panel “Prevención de aportaciones ilícitas en las campañas electorales”
La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto gastan los partidos políticos, cómo gastan los recursos y cuáles son sus fuentes de financiamiento, como un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, afirmó la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan.
Al participar de manera virtual en el panel Prevención de aportaciones ilícitas en las campañas electorales, organizado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, consideró que el modelo de fiscalización del INE “ya no tiene que centrar el foco en lo que nos reportan los partidos políticos, sino en lo que no nos reportan”.
Por ejemplo, precisó, en el flujo de recursos en efectivo; de recursos ilícitos, tanto de origen público, como privado, “es decir, también el proveniente de actividades ilícitas y, desafortunadamente, del crimen organizado”.
Ante investigadores del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como el Fiscal Especializado en Delitos Electorales de Nuevo León, Gilberto P. de Hoyos Koloffon, la Consejera Humphrey sostuvo que hay muchos factores de riesgo que la autoridad electoral debería fiscalizar.
Entre éstos, el uso de las criptomonedas y los beneficiarios finales: “¿quién es el socio de la empresa?, ¿quién es el beneficiario último de la empresa que está contratando un partido político, un candidato o una candidata?”, cuestionó.
Carla Humphrey advirtió que los posibles acuerdos antes de que una persona llegue a gobernar son los que, posteriormente, afectan la autonomía y la independencia con que una persona tiene que ejercer el cargo. De ahí la importancia del financiamiento público, así como el “controlar y hacer equitativos los procesos electorales respecto a los recursos que utilizan los partidos políticos”.
Por otra parte, estimó que el tema de monedas virtuales tendrá efectos muy relevantes, así como los proveedores de servicios de activos virtuales, que en la legislación mexicana se regula como “actividad vulnerable”. Es decir, no las revisa la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sino el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Aquí traería la recomendación 34 de GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacional-, que establece textualmente que las autoridades competentes y supervisoras deberán establecer lineamientos y ofrecer retroalimentación que permitirá aplicar medidas nacionales para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y, en particular, la detección de reporte de transacciones sospechosas”, aseveró.
Asimismo, la Consejera Humphrey lamentó que el INE no tenga acceso a toda la información en esta materia, “particularmente cuando las instancias del Estado mexicano insisten en oponernos secretos como el ministerial o el bursátil, que no son aplicables a la autoridad electoral y que hemos tenido que acudir a las vías jurídicas”, concretamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Dicha Sala, enfatizó, ha señalado que es obligatorio el acceso de la autoridad electoral a estas carpetas de investigación; sin embargo, se le sigue negando.
Corrupción no se queda en México, se va al extranjero
La Consejera advirtió que la corrupción, así como el dinero público y privado que se invierte en las campañas no se queda en México, sino que llega al extranjero. En este sentido, llamó a tener mucha más colaboración interinstitucional, pero también internacional.
Humphrey Jordan refirió el problema del lavado de dinero a través de “actividades vulnerables”, clasificadas por el SAT, por ejemplo, mediante tarjetas prepagadas -como el caso Monex-, el traslado de dinero en efectivo, compra de coches, de arte “y ahora muy claramente las criptomonedas”.
Por lo anterior, exhortó a ser mucho más incisivos “en los reportes de actividades sospechosas y también las inusuales, porque eso nos lanza alertas, primero al sistema financiero, pero también al Instituto Nacional Electoral, para poner una lupa en cómo se están moviendo financieramente determinados recursos de los partidos políticos o de las campañas electorales”.
En el panel participaron el investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Pedro Torres Estrada; la profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico del Monterrey, Bonnie J. Palifka; el profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Astudillo y el investigador del Tecnológico de Monterrey, Alejandro Díaz Domínguez.
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