La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no es factible atender la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de resolver primero las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social de 2018 y después la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral.
El tema fue sometido a consulta por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y el Pleno del máximo tribunal rechazó por unanimidad dicha petición.
El argumento es que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral.
“El Pleno consideró que el análisis que comenzará el próximo lunes no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma (Ley General de Comunicación Social)”, indicó el máximo tribunal.
Además, el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas -a la cual no se le dio el trámite de materia electoral-, no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la Corte
El proyecto que se analizará este lunes plantea invalidar la primera parte del “Plan B”.
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