A más tardar ahí por el 20 de enero, ese “elefante blanco” llamado Instituto de Transparencia y Acceso a la Información deberá renovar a uno de sus tres comisionados.
Desde su creación es un ente que no sirve para nada, le faltan uñas y dientes para meter en cintura a los omisos de la información pública, y también ha sido utilizado como instrumento de represión.
Sale sobrando decir que el paquidermo está en manos del grupo cabecista. Con esas chambas pagaron “favores” de 131 mil pesos mensuales de sueldo por 3, 5 y 7 añitos.
Vale la pena que la 4T volteé su mirada hacia el organismo en aras de sanearlo, poner a su gente a chambear con las armas de la edad de piedra que tienen, y que informen lo que hacen. La oportunidad está abierta, los aspirantes a cubrir la vacante tienen hasta el 13 de diciembre para registrarse.
Hoy lo dirige Humberto Rangel Vallejo, corifeo de los panistas, esquirol desde los tiempos de diputado local por el Verde Ecologista. Fue de los primeros en entregarse en cuerpecito y alma con César “El Truko” Verástegui, cuando en 2016 llegó a la General de Gobierno con la espada desenvainada y buscando camorra.
Hace falta actualizar la reglamentación y obligar a los comisionados a que se pongan a chambear, aunque sea con “amonestaciones” públicas que los funcionarios se pasan por el arco del triunfo.
Siempre al servicio del panismo, los otros comisionados son Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, “becada” por siete años, a quien de una chamba de oficinista del CDE del PAN la mandaron al ITAIT, y Rosalba Ivett Robinson Terán, del grupo que llegó de Reynosa.
No se sabe cuantos “suspirantes” elevaron solicitud ante el Congreso del Estado. El tema lo manejará la Comisión Permanente antes del 22 de enero.
Para el 2023 piden un presupuesto de 20 millones de pesos para sueldos. Cobran 27 cráneos, todos con “compe” que va de los siete mil a los 110 mil del águila, por mes.
Como la “casa de herrero azadón de palo”, el ITAIT debe tener un Consejo Consultivo del que no se sabe si existe ¿para qué? la línea llegaba desde la segunda esquina del poder.
¿Qué pasó con las sanciones que impusieron entre los años 2019, 2020 y 2022?. No se ría usted si le decimos que, de 132, 77 fueron “amonestaciones públicas”. El resto son, en apariencia, multas que tampoco se sabe si pagaron los interfectos e interfectas.
Doña Maki Ortiz Domínguez, ex de Reynosa, tiene dos multillas que suman 305 mil devaluados varos. Preguntamos ¿ya los pagó? Porque está prohibido que los funcionarios saquen de Tesorería para liquidar. Les tiene que doler en su bolsa.
¿Por qué la sancionaron? Siempre le valió gorro proporcionar información que le pedían los ciudadanos. En esta ocasión alguien quería una relación de gastos de representación y viáticos que tenía asignados como presidenta del pueblo.
Para su conocimiento (de ella), si es que quiere pagar, hay que decirle que en la caja de tal organismo no reciben dólares. Primero debe pasar por una casa de cambio.
En los tiempos de la Cuarta Transformación, en Tamaulipas debe imperar la transparencia, así como los secretarios del gabinete generan la información que trasmiten a los medios, o las conferencias semanales del Gobernador Américo Villarreal.
Según los datos del propio “elefante”, que nada hace por remediar la deficiencia, el organismo menos transparente de Tamaulipas es la Comisión de Agua Potable de Río Bravo, dependiente del Gobierno del Estado y con señalamientos de haber sido “caja chica” para financiar campañas del PAN en la frontera.
Solo proporciona el 50 por ciento de los datos que por Ley debe hacer públicos. Sus funcionarios ¿pueden ser destituidos?.
En esa oscuridad le sigue Altamira con el 62.7 por ciento, según la clasificación del 2021.
¿Quiénes los más transparentes? Suena a burla para el respetable público, pero los del paquidermo dicen que solo el Supremo Tribunal de Justicia cumple con el ciento por ciento de sus obligaciones ¿será cierto?.
Ni el propio ITAIT cumplió con el 100, de ahí lo de “azadón de palo”.
Bueno, aquí la dejamos, solo otras dos referencias. Una sobre las carcajadas que debe tener el profe Enrique Torres Mendoza, ex presidente estatal de Morena, ante el chistecito de las cinco multas por 120 mil del águila que le aplicó el señor Rangel Vallejo.
Ya se fue a Reynosa. Esa cantidad es lo que recibe en un año como profesor jubilado, a menos que tenga “guardadito” si vendió candidaturas a diputaciones y alcaldías.
La otra es que también se fue con hebra César Martín Rodríguez García, ex alcalde panista de Jaumave. Tiene nueve multas que suman 121 mil pesillos. Es el mismo que no pudo dejar como sucesora a su esposa, postulada por el mismo PAN.
El espacio se agotó. Ya no podremos abordar lo de los registros de aspirantes al Senado por el partido Morena. Nunca sabremos con precisión el número. Hay quien habla de 40. Solo tenemos 17 nombres.
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