La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la impugnación contra la creación de una “megafiscalía” de Tamaulipas por parte del gobierno saliente.
Las reformas aprobadas en julio pasado establecen que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Grupo de Operaciones Especiales, entre otros órganos, dependerán de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
El pasado 5 de septiembre, la Corte dio entrada a la acción de inconstitucionalidad planteada por diversos diputados integrantes del Congreso de Tamaulipas y pertenecientes a la bancada de Morena, quienes señalaron que las reformas por las que se transfieren facultades en materia de seguridad pública y de inteligencia a la Fiscalía local buscan blindar a García Cabeza de Vaca a su salida del gobierno de la entidad en octubre próximo.
“Se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hacen valer en sus recursos, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que se puedan advertir de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, señaló la Corte.
Sin embargo, la Corte rechazó suspender la entrada en vigor de las reformas porque, en este tipo de asuntos, acciones de inconstitucionalidad, no procede suspender las normas impugnadas.
“En cuanto a la solicitud de los promoventes, en el sentido de que se otorgue la suspensión respecto de la ejecución del Decreto impugnado por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, todas del Estado de Tamaulipas, dígaseles que no ha lugar a acordar de conformidad”.
“Lo anterior, toda vez que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada; en la inteligencia de que este medio de control abstracto se promueve con el interés genérico de preservar la supremacía constitucional, por lo que la naturaleza y características del mismo son diferentes a la controversia constitucional”, indicó el máximo tribunal.
En entrevista para Proceso (2390) el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien se adhirió al equipo del gobernador electo, Américo Villarreal, cuyo triunfo electoral fue avalado ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó que busca desmantelar esta “megafiscalía”, misma que comparó con la forma en que operaba la Fiscalía de Nayarit encabezada por Edgar Veytia en la administración de Roberto Sandoval.
“No se puede ser juez y parte, la Fiscalía tendría a su cargo la seguridad pública que, de acuerdo con la Constitución, debe ser un espacio de responsabilidad de los poderes ejecutivos, no así de un órgano constitucionalmente autónomo, por supuesto que esto forma parte de una agenda criminal de Estado”, dijo a esta casa editorial.
Acusó que actualmente el gobernador García Cabeza de Vaca cuenta con el apoyo del fiscal Irving Barrios para armar carpetas de investigación a modo y de los senadores calderonistas con los que su administración ha celebrado contratos que forman parte de sus pesquisas por irregularidades.
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