´Por David Zarate Cruz/Reportero
Jorge Luis Beas Gámez, secretario en funciones de Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, determino que la Fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de los Magistrados Estatales a ser reelectos para el cargo y en el caso de Tamaulipas, no se hizo ninguna evaluación de Valdez Perales, para determinar si tenía elementos para seguir en el cargo de Gobernante Judicial.
El tres de enero del 2022, el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Victoria, emitió la sentencia del juicio 1155/2021, mediante la cual otorgo el amparo para que Javier Valdez Perales, fuera ratificado en el cargo de Magistrado del STJE y se retira del mismo al Magistrado Aaron Joel Medina Ladron de Guevara, este último y la Gubernatura del Estado, presentan recurso de revisión.
Jorge Luis Beas Gámez, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, la Litis del juicio de amparo, no consistió en analizar las facultades soberanas del Congreso del Estado sobre designación de Magistrados con relación a plazas vacantes, sino que la Litis versa en dilucidar si con la emisión del decreto reclamado, se vulneró el derecho del afectado ser evaluado en el desempeño de su función como Magistrado, y en su caso las consecuencias que ello genera con relación a las garantías previstas por el artículo 116, fracción III de la Constitución Federal.
El Congreso y Gubernatura, si bien argumentaron que no se encontraban obligadas a realizar dicha evaluación, al no existir precepto en su constitución local para ese efecto; se precisó que la fracción III, del citado numeral 116 constitucional, cuya observancia es obligatoria, sí las obligaba a emitir el dictamen respectivo, pues lo que busca esa norma jurídica es salvaguardar la independencia judicial; de ahí que, fue inconstitucional el decreto del Congreso del Estado.
Si bien es cierto, en la legislación de Tamaulipas no existe norma jurídica secundaria o reglamento que regule el procedimiento a seguir para la ratificación de Magistrados del STJE, sin embargo esa falta de regulación no implica que la ratificación de los mismos quede al libre arbitrio del Poder Ejecutivo o Legislativo del Estado; ni tampoco, la falta de evaluación del desempeño del Magistrado, o la realización de propuesta de una nueva persona para ocupar el cargo, implica la negativa tácita por parte del Gobernador para proponer la ratificación del funcionario judicial.
Puesto que es la propia Constitución Local la que otorga la garantía de seguridad jurídica y estabilidad en el cargo de dichos funcionarios judiciales, al establecer en su artículo 1°4 la observancia obligatoria del Pacto Federal; por lo que en la especie debe remitirse a lo establecido por la Constitución Federal, en su artículo 116, fracción III; atendiendo además al principio de Supremacía Constitucional previsto en los diversos 40, 41 y 133.
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