PRI sanciona a diputados por votar a favor de deuda

21 estados contratan créditos en lo que va del año

AMLO durmiendo con el enemigo, ahora Barbosa

1.- En el Comité Ejecutivo Nacional del  PRI se analiza que tipo de sanción aplicará a los diputados locales de este partido, que hubieran votado a favor del endeudamiento exagerado en sus estados. Los dos casos que están en el tapete de discusión son la contratación de los gobiernos de Veracruz  y el intento fallido de Yucatán, en el primer caso por 37,022 millones de pesos a pagar hasta el año 2040, mientras que en caso de la administración maya no logró aprobación.

En el caso de Yucatán, están en capilla 4 de los 10 legisladores priistas que apoyaron la iniciativa del Jefe del Ejecutivo,  Mauricio Vila Dosal, del Partido Acción Nacional.

Otro gobernador que tuvo apoyo de diputados locales del PRI fue Cuitláhuac Garcí­a, de extracción morenista, quien contrató 13 créditos y comprometió un pago diario de 5 millones de pesos, el argumento utilizado es la renegociación de deuda heredada por su antecesor Javier Duarte de Ochoa, actualmente en la cárcel y al que por cierto le permitieron conservar 41 propiedades.

Desde el punto de vista polí­tico el hecho de que una parte de la bancada se incline hacia un bando y otra parte lo haga en sentido diferente, habla de los estragos que empieza a provocar la falta de liderazgo estatal, cuando el gobernador proviene de un partido diferente. Algo de lo que presumí­an los priistas era la disciplina y la unidad, todos apoyando una sola tendencia.

Sobre las medidas adoptadas por el PRI, trascendió que en los casos de deudas excesivas o encubrimiento con el voto de conductas lesivas a su entidad federativa, puede aplicarse hasta expulsión.

Para el efecto hay que recordar los acuerdos de la XXII Asamblea Nacional del PRI de agosto de 2017, en que se estableció crear instrumentos para prevenir, investigar, sancionar y vigilar conductas indebidas en los priistas que estuvieran en la función pública o desempeñando un cargo de elección popular. En esa época todaví­a no sufrí­a el revés de los comicios presidenciales, pero hoy en el estado de derrota que sustenta el Tricolor, no puede darse el lujo de contribuir a mayores descréditos, serí­a arrojar las últimas paladas a su sepultura.

2.- Tema aparte es la ola de endeudamiento público en los estados, esta ha sido recurrente en lo que va del año, quizá generado por el COVID, pero también, porque los gobernadores visualizan que el Fondo General de Participaciones tendrá una ajuste a la baja, producido por la pandemia y las polí­ticas de la austeridad y la tijera del gobierno de la 4ª T, y es de esta bolsa de donde se comprometen los pagos de créditos contratados, por eso la premura de “amarrar” recursos sobre todo para impulsar obras que generen empleo y activen la economí­a en sus estados.

Es el caso de la deuda gestionada y aprobada para Tamaulipas por 4,600 millones de pesos, de los cuales 1,800 mdp son para obras de salud y atención a la pandemia y los 3,000 millones restantes para obras de desarrollo que vendrán a reactivar la economí­a del estado y generar empleo.

Pero en el escenario nacional, después de Veracruz, es Oaxaca el estado que más recursos de deuda gestionó, son 14 mil 310 mdp los obtenidos por el gobernador Alejandro Murat; la tercera entidad es Michoacán, gobernada por Silvano Aureoles, con 8,558 mdp de nueva deuda. Hay 21 estados que en conjunto han solicitado 62,442 millones de pesos, entre ellos está considerado Tamaulipas con la suma citada lí­neas arriba.

3.- Pese a las últimas cifras que revelan crecimiento de la pandemia en Tamaulipas, muchos acarician la posibilidad de reanudar actividades. La esperanza es lo último que muere y el próximo sábado 30 de mayo concluye el aislamiento decretado, lo cual no quiere decir que el confinamiento concluya.

Y mientras son peras o manzanas el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma se reunió a distancia con 225 funcionarios de universidades e instituciones de Educación Superior, entre ellos autoridades de la Autónoma de Tamaulipas, para revisar los protocolos que se impondrí­an en el tentativo regreso presencial a clases.

Ví­a twitter Moctezuma mencionó los cuatro puntos que se trataron, de los cuales nos llama mucho la atención el primero, el cual suena a que el propósito era obtener información para la elaboración del informe que sobre el COVID rendirá el Presidente López Obrador. Ese cuestionamiento se refiere a la contribución que cada universidad hubiera realizado para ayudar en la pandemia.

Lo siguientes temas acordados se refieren a que sólo abrirán las instalaciones cuando el semáforo esté verde; asimismo se refirieron a los protocolos que se deberá implementar en ese regreso a clases; y los retos de una nueva visión de la enseñanza.

Este último es interesante, reclama una reflexión y análisis del pasado reciente, la experiencia de la enseñanza durante el aislamiento, con todo lo que reclama ahora como estrategia para una eventual repetición del escenario, y los cambios de fondo que seguramente surgirán frente a una nueva circunstancia.

Las universidades tienen mucho que aportar en la etapa pos-epidémica, sobre todo en el terreno sociológico y psicológico, en temas de investigación, pero también de aplicación en el tratamiento que demandarán primero en sus cí­rculos internos, seguidos de los que requiere la comunidad.

BARBOSA TOMA CONTROL DE ESCUELAS PRIVADAS.- Van rápido las prácticas para instalar polí­ticas de mayor intervención del gobierno en las actividades productivas vigentes en el paí­s. El último botón de muestra es Puebla, donde el Congreso del Estado aprobó una nueva Ley de Educación con la cual el Gobierno estatal, que hoy preside Miguel Barbosa tendrá mayores atribuciones, entre ellas las instituciones privadas están obligadas a ser sometidas a auditorí­as, “dizque” para verificar la aplicación de recursos públicos para fines que no sean educativos, y podrán imponerles responsabilidades administrativas, civiles y penales.

La nueva Ley de Educación obligará a todas las universidades a cooperar con auditorí­as, y si se encuentra que utilizan recursos públicos para fines que no sean educativos, se podrán imponer responsabilidades administrativas, civiles y penales.

De incumplir con la ley, las instituciones educativas podrán hacerse acreedoras a sanciones de entre 440 mil y 870 mil pesos, ser clausuradas o revocados sus permisos. También prohí­be utilizar nombres de servidores públicos o representantes populares en funciones. Obviamente esta legislación aplica en todos los niveles educativos no sólo el superior y la justifican los argumentos de calidad.

Es verdad que existen instituciones “patito”, que no reúne las condiciones que requiere la enseñanza, pero esto lo puede corregir el gobernante en turno, es cuestión de voluntad polí­tica, es decir si el señor Barbosa querí­a meter orden en la educación pudo hacerlo sin esa ley tan invasora del sector privado.

La iniciativa enviada por el gobernador Barbosa fue aprobada por 26 sufragios, tuvo 9 votos en contra y 5 abstenciones. El Congreso de Puebla está conformado por 14 diputados de Morena, 5 del PT, 3 del PES, 4 del PRI, 4 del PAN 2 del PRD, 3 MC y un independiente. Sus aliados formales suman 8 votos pero hubo otros 4, quizá el independiente y otros tres que cambiaron de bando en este episodio.

Ahora ya saben los propietarios de instituciones privadas no sólo de Tamaulipas, sino de otras entidades que les puede esperar con Morena.

Por otra parte el Presidente está durmiendo con el enemigo, un dí­a Alfonso Ramí­rez Cuellar le sale con una “auditorí­a” patrimonial a través del INEGI; otro dí­a la demanda en la Fiscalí­a General de la República contra el Director de Pemex, Octavio Romero, por no implementar las medidas sanitarias para el COVID lo cual cobró 180 defunciones y más de mil 350 contagios de acuerdo a la denuncia puesta en Chiapas y turnada a la central nacional, y ahora la contribución de Barbosa para los comicios de 2021.