Urgen acciones de la PROFECO para garantizar precios justos en medio de la pandemia COVID-19

CD.VICTORIA,Tamaulipas.-El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso, exhortó a la Procuradurí­a Federal del Consumidor para que intensifique la verificación y vigilancia, a fin de garantizar el acceso a los productos de la canasta básica a precios justos, así­ como aquellos que son necesarios para el cuidado y prevención del COVID-19.

Al uso de la máxima tribuna, el legislador Héctor Escobar Salazar señaló que “Históricamente los desastres, las emergencias y crisis, han sido momentos en los que han salido a relucir los mejores atributos del pueblo mexicano, sin embargo también son momentos en los que nunca faltará quien trate de sacar provecho de la situación a costa de los demás”.

Resaltó que en medio del paro económico, el encarecimiento de la canasta básica agrava la difí­cil situación que están viviendo las poblaciones más vulnerables; la escasez artificial de productos como cloro, cubrebocas y gel antibacterial pone en riesgo las condiciones sanitarias necesarias para la contención de la pandemia.

“Por todo ello, el combate a este tipo de prácticas especulativas deberí­a ser una de las prioridades del Gobierno Federal en su respuesta a la crisis sanitaria, pues las acciones emprendidas por la Profeco no han sido suficientes”, advirtió.

Escobar Salazar, planteó que algunas acciones para afrontar la contingencia por el coronavirus, se pueden incluir artí­culos como el gel antibacterial, cubre bocas, caretas de protección y los de limpieza y desinfección, en el rango de productos de primera necesidad.

“Se debe incrementar la frecuencia y el territorio abarcado por las medidas de supervisión llevadas a cabo por la Profeco. La alta incertidumbre económica que vivimos en esta situación vuelve imperante el aumento de este tipo de acciones”, enfatizó.

Asimismo, consideró necesario que se dé una mayor difusión a los trabajos realizados por este organismo, presentando semanalmente la información necesaria, divida por Estado, con el objeto de que los consumidores estén al tanto de dónde se han realizado prácticas especulativas y puedan tomar decisiones al respecto.