1.- Nos preguntaban sobre el respaldo que el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ha dado a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y que destacara el Rector de la máxima casa de estudios DÁMASO ANAYA ALVARADO, en su salutación de año nuevo.
Con gusto podemos decir que la UAT ha logrado avances históricos que posicionan a la Universidad entre las instituciones de educación superior con mayor reconocimiento a nivel nacional, por el apoyo del mandatario estatal.
La colaboración entre la administración universitaria y el Gobierno de Tamaulipas ha sido fundamental para impulsar el crecimiento y la transformación de la Universidad, trabajando en un mismo proyecto, con sentido humanista.
De manera adicional, la UAT mantiene una vinculación con todas las áreas de la administración estatal, lo que permite brindar a la comunidad estudiantil mayores oportunidades para su formación y desarrollo profesional.
Diremos que uno de los principales logros, es la acreditación del cien por ciento de los programas de licenciatura, colocando a la UAT entre las dos únicas universidades del país en alcanzar este indicador.
Destacar también que 41 programas de posgrado están acreditados en el padrón nacional de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, además de que este año será clave para el impulso del posgrado con énfasis en la calidad y en el desarrollo de programas profesionalizantes.
Lo anterior es solamente un par de ejemplos, toda vez que el espacio no alcanza para desglosar el resto y sobre todo, lo que viene para este 2026.
2.- De no ser por la postura de BLANCA VALLES RODRÍGUEZ, la reciente reforma a la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado, obligaría a los trabajadores a realizar aportaciones económicas al fondo, por concepto de aguinaldo y canasta básica.
La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Organismos Descentralizados salió en defensa de la burocracia y finalmente los trabajadores no harán esa aportación al fondo del Ipsset y quien estará obligado, será el gobierno del Estado.
Y es que BLANCA tuvo la oportunidad de conocer con anticipación la propuesta de reforma a la Ley del Ipsset, lo que permitió darse cuenta a tiempo y defender a los trabajadores, que al final de cuentas, en el momento que se jubilen, lo harán con una pensión más elevada.
Con las reformas, se garantiza la viabilidad financiera del sistema de pensiones, incrementando las aportaciones de trabajadores y gobierno, y elevando la edad de jubilación a 65 años para nuevas contrataciones, sin afectar derechos adquiridos de jubilados o activos, para asegurar el pago de pensiones futuras ante el riesgo de quiebra en 2031. En fin.
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