Redacción | La Región Tamaulipas
Ciudad Victoria, Tamps.— El problema de los cobros excesivos por parte de empresas de grúas en Tamaulipas ha puesto nuevamente bajo la lupa la operación de los corralones concesionados, donde ciudadanos denuncian prácticas que van desde tarifas abusivas hasta robo de autopartes dentro de las mismas instalaciones.
De acuerdo con testimonios recientes, los corralones se han convertido en verdaderos “centros de desvalije”, donde vehículos asegurados por Tránsito ingresan completos y, al momento de ser reclamados, presentan faltantes de llantas, baterías, espejos, estéreos y otros componentes que pueden ser revendidos fácilmente. Pese a las denuncias, los responsables operan bajo un esquema de impunidad.
Los afectados señalan que ni los representantes de los corralones ni las autoridades municipales asumen responsabilidad alguna por los daños. En la mayoría de los casos, la respuesta hacia los propietarios es que “el vehículo así llegó”, lo cual genera mayor frustración y pérdida económica.
A esto se suman los ya conocidos cobros elevados por traslado. Uno de los casos más recientes involucra a un ciudadano al que se le retiró una motocicleta en Ciudad Victoria: el recorrido de apenas medio kilómetro hacia el corralón terminó con una tarifa de 5 mil 600 pesos, pese a que el trayecto puede cubrirse caminando en cuestión de minutos.
Los ciudadanos cuestionan la falta de supervisión a estas empresas, a pesar de que operan mediante convenios otorgados por el propio gobierno. Mientras tanto, el Congreso del Estado ha anunciado que revisará las tarifas y las condiciones bajo las cuales funcionan estas concesiones, aunque usuarios afectados insisten en que el problema va más allá del costo del arrastre.
Además, la aplicación de multas por vidrios polarizados o falta de cinturón de seguridad ha generado inconformidad por la falta de criterios uniformes por parte de la autoridad. Mientras algunos vehículos con polarizado ligero de agencia son sancionados, otros con vidrios completamente opacos circulan sin ser detenidos.
Sector empresarial, especialistas y ciudadanos consideran urgente que el gobierno estatal y los ayuntamientos realicen auditorías, revisen inventarios, instalen sistemas de videovigilancia y establezcan responsabilidad legal para los concesionarios de corralones, a fin de poner fin a la cadena de abusos.
Por ahora, el reclamo es claro: los ciudadanos se sienten desprotegidos ante un sistema que, además de costoso, representa un riesgo para su patrimonio.
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