La Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ) en México concluyó este jueves que la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 “constituyó un crimen de Estado” y que no hay indicio alguno de que las víctimas se encuentren con vida.
Estas conclusiones preliminares fueron presentadas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El informe estableció que en el crimen “concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
El reporte está basado en más de 41.000 documentos que incluyen transcripciones de llamadas telefónicas, mensajes de texto, reportes y decenas de videos de torturas de detenidos del caso.
Los estudiantes desaparecieron en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en Guerrero, en el sur del país.
Las circunstancias que han rodeado al caso desde entonces, en medio de acusaciones de corrupción e impunidad, vínculos al narcotráfico y distintas versiones de lo ocurrido, han hecho que se trate de uno de los mayores escándalos de derechos humanos en la historia reciente de México.
Reversión de la “verdad histórica”
Tras la desaparición de los estudiantes, una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) estableció una versión oficial llamada “verdad histórica”.
Dicha versión decía que policías municipales de Iguala entregaron a los alumnos al grupo de narcotráfico Guerreros Unidos, quienes confundieron a los jóvenes con sicarios de una banda rival, los Rojos.
Según la PGR, los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Cocula, también en Guerrero.
Familiares de las víctimas desconfiaron de esta versión y organizaciones como Amnistía Internacional estimaron que la PGR no había “atendido adecuadamente la línea de investigación”, demostrando la existencia de “una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano”.
Desde el inicio de su mandato en 2018, AMLO se comprometió a “encontrar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes” y pocos días después anunció la creación de la Comisión de la Verdad.
En julio de 2020 la “verdad histórica” fue cancelada y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó la captura de 46 exfuncionarios. Entre ellos, el jefe de la investigación de la PGR Tomás Zerón, quien se encuentra fuera del país.
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