Es evidente que los jefes del gobierno de los “vientos del cambio” oyen pasos en la azotea, saben que pueden perder el cinco de junio del 2022.
Parecen desesperados, asustados por el incierto futuro. Habían pensado en un “gobierno de los mil años” pero se acabaron el crédito en menos de cinco. Están listos para el adiós, la despedida, preparan la derrota con el mejor arsenal contra sus enemigos.
Es más, sus acciones afirmativas demuestran que están seguros que van a perder el gobierno y maniobran para prolongar al máximo el poder.
Llevan prisa para construir la coraza que necesitan. Tienen hasta el 30 del presente, cuando su mayoría en el Congreso termina ejercicio, para hacerlo. Morena llega un día después con su mayoría parlamentaria.
La derrota los agarró desprevenidos. Pensaron que arrasarían con “zapato” la elección de junio pasado. Ni por su mente pasó la patiza que les dio la ciudadanía en las urnas, hastiada, cansada la serie de desaguisados provocada por el partido en el poder.
A como construyen su defensa –si es que no hay contra ataque- el siguiente gobierno estatal será “de adorno”: Sin recursos para obras ni posibilidad de nombrar a funcionarios claves en los tres poderes y organismos autónomos.
No la tendrá fácil el próximo ejecutivo. Los que se van casi cierran el corral que le impedirá desarrollar su administración.
A un año de cargar maletas enseñan el cobre, acapararon los principales renglones para seguir manejando el Palacio y los hilos del poder. El último candado que impusieron es al cajón de los billetes: La contratación transexenal de obras y servicios, para ellos hacer compromisos por cinco, diez o más años tal como sería la conservación de carreteras.
Hay renglones bastante redituables, millones de pesos anuales que dejarán ya firmados para que pague el que viene –que las encuestas pronostican de Morena-, como es alimentación de penales, centros de preescolar, materiales y útiles educativos, renta de vehículos por mencionar algunos.
Así las cosas, el siguiente inquilino del 15 Hidalgo y Juárez será un pagador de contratos y deudas usando la morralla recolectada del público, por trámites de copias, actas de nacimiento y certificaciones. Las participaciones federales y el tres por ciento de nóminas están embargados por los bancos.
Aquella base popular que les dio 720 mil sufragios, desapareció en los primeros días de gobierno. No hubo luna de miel. El primer desencuentro fue cuando subieron de un dos al tres por ciento el impuesto sobre nóminas. De ahí pa´l real más gravámenes y tantas afensas.
Al 30 de junio la deuda pública –aparte de proveedores- andaba en los 15 mil 340 millones de pesos, de ellos nueve mil contratados por la administración que comenzó en 2016.
Y eso que no se permitió un siguiente préstamo por cuatro mil 600 millones para combatir la pandemia de virus, autorizado inicialmente por el Congreso.
Aparte otras deudas por los servicios de concesión –con un particular- de las videocámaras de vigilancia que dan servicio en las carreteras, que también hay que pagar.
Es la empresa Tres10, S. A. de C. V. (me suena, me suena), cuyo contrato de asociación público privada fue autorizado por los diputados con fecha diciembre del 2018, en vigor a partir de los primeros del 2019 y hasta el 27 de diciembre del 2025 .
Son mil 500 millones de pesos que no pueden dejarse de pagar porque causaría multas al gobierno (que viene).
Como es de entender que lo harán, porque para eso reformaron la Ley, otros compromisos tampoco podrán hacerse a un lado, por el riesgo de multas económicas.
No cayó nada bien en los sectores ciudadanos esa reforma a la Ley del Gasto Público, que permite adelantar compromisos más allá del sexenio, incluso obras públicas o pago por servicios de copiadoras que también son millonarios.
Las reformas incluyen otros candados como la imposibilidad de reducir el presupuesto de Seguridad Pública, que representa otro apetitoso filón de recursos. Son millonarios los pagos tan solo por surtir gas LP.
Por ejemplo el presupuesto de prendas de vestir (ejercicio del 2021), uniformes, anda en los mil 800 millones de pesos. De más de tres mil millones el de toda la secretaría.
De ahí deben salir los elementos y pesos para la seguridad personal de los que se van a sus casas en septiembre del 2022.
El círculo se cierra: El que viene no estará con posibilidad de cambiar ni al Fiscal General y ni al Fiscal Anticorrupción, consejeros y comisionados de órganos como Derechos Humamos, ITAIT, ni a los contralores de descentralizados, a menos que utilice… Otros métodos.
Aparte está el tema del Tribunal de Justicia que acaba de renovar a sus magistrados por largos años. Su ejercicio será transexenal.
Si no hay reversa a las adiciones Constitucionales y Leyes, el gobernador que viene –y los siguientes cuatro- solo estarán de veladores de Palacio y firmando cheques para pagar deudas que vencen en 2042.
Querido lector, forme usted sus propias conclusiones.
