Detalla López Obrador rutas para solicitar juicio a expresidentes

Durante su conferencia de prensa, el mandatario explicó que cada uno de estos procesos deberá implicar la devolución de lo sustraí­do al erario público.

Cd. de México, CDMX., 24 de agosto del 2020. – El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador  le dio luz verde a los ciudadanos o legisladores para que em el periodo que contempla la ley, del 1 al 15 de septiembre próximo, puedan solicitar que se realice una consulta ciudadana para saber si se enjuicia a los ex presidentes del paí­s por los casos pasados, como Odebrecht.

Hay que recordar que hay tres mecanismos que contemplan a la Ley Federal de Consulta Popular para hacer uso del ejercicio: la petición de presidente de la República, una tercera parte de cualquiera de cualquiera de las cámaras del Congreso o, los ciudadanos, en un número equivalente a al menos el 2 porciento de los inscritos en la misma nominal de electores, al rededor de un millón 600 mil .

“Estoy informando a tiempo, lo mejor serí­a que las firmas las aportaran los ciudadanos, si no alcanza el tiempo la segunda posibilidad es que lo hagan legisladores y la tercera es que lo solicite el presidente.

“Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo porque es democracia, aunque yo vote en contra de que se juzgue a los ex presidentes”, dijo.

Esta propuesta surgió a partir de su demanda de justicia en torno a los puestos casos de corrupción en el que están siendo procesados en México, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya y en Estados Unidos  el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro Garcí­a Luna  y  por los cuales debe declarar todo lo impartidos, incluso, si lo llama la Fiscalí­a General de la República  estarí­a en dispositivos a acudir, dijo.

La consulta anticipó, podrí­a realizarse el dí­a de la elección federal, el 6 de junio de 2021.

“No quiero ser verdugo, ni me mueve la venganza”, aclaró.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario explicó que cada uno de estos procesos deberá implicar la devolución de lo sustraí­do al erario público.

Fuente: EXCELSIOR