¿Congelan prestamo?

Una guerra constitucional  de poder a poder,  se está librando por estos dí­as,  entre  el gobierno federal  y el estatal,  en lo relacionado con el préstamo que la mayorí­a panista del Congreso tamaulipeco  aprobasen en dí­as pasados,  haciendo uso de su soberaní­a y de las  facultades  que  las leyes  de la entidad les  otorgan. 

  Para quienes  no saben  cual es el estado que guarda  el famoso empréstito  solicitado por  el sexenio cabecista, le diremos que, se encuentra  en manos de  la máxima instancia legal del paí­s, la Suprema Corte de Justicia  de la Nación, todo ello, después de que  el Ayuntamiento de Gí¼emez,  recurrió  a  una controversia  constitucional que  de acuerdo a los documentos que circulan por la red,  se asienta en el expediente 75/2020.

  Un extracto del acuerdo del Poder Judicial Federal,   relacionado con este asunto, dice lo siguiente: 

“Con el escrito  de demanda y anexo,  tómese y regí­strese el expediente relativo a la controversia constitucional, que hace valer quien se ostenta como Presidente  Municipal  del Ayuntamiento de Gí¼emez  Tamaulipas, en contra  de los Poderes  Legislativo y Ejecutivo de la entidad”.

  â€œTúrnese este expediente  al Ministro que corresponde, para que instruya al procedimiento correspondiente, de acuerdo con el  registro que al efecto se lleva en la Subsecretarí­a  General de Acuerdos, de este  Alto Tribunal”.      

   â€œFinalmente, dada la naturaleza e importancia  de este procedimiento constitucional , se habilitan los dí­as y horas que se requieran, para llevar a cabo las notificaciones de éste proveí­do”.

  El documento que les comparto, ví­a esta colaboración, es reciente, pues tiene como fecha, el pasado 18 de mayo de éste año.

  Esta  es la parte técnica  del asunto, pero  les explico  a detalle  los pormenores   del tema polí­tico, que es realmente  lo que  constituye  el fondo de todos estos movimientos  del ajedrez,  entre  dos  liderazgos que surgieron de  sendos procesos  democráticos arrasadores  e incuestionables: el  del Presidente AMLO  y el del gobernador  Cabeza  de Vaca. 

  Resulta  que, la estrategia polí­tica de los  obradoristas, es la de mantener en litigio el préstamo  solicitado por el gobierno estatal, en materia jurí­dica se le llama sub judice  que es una locución  latina para señalar  aquellos  asuntos pendientes de resolución  judicial.

 Esta naturaleza jurí­dica, en que se encuentra colocado el citado préstamo de 4 mil 600 millones  de pesos,  imposibilita legalmente  a las instituciones  de crédito  y a la misma  Secretarí­a  de Hacienda, para otorgar el aval correspondiente. Por lo tanto para efectos  prácticos, el préstamo  instrumentado  por el gobierno del estado sigue sin hacerse efectivo. Prácticamente está en la congeladora.

  El otro enfoque sobre este mismo tema, es el siguiente: toda vez que  el origen del préstamo  es  para atender  la emergencia de la pandemia,  se dice que muy probablemente,  los obradoristas  buscarán que la Suprema  Corte  de Justicia, mantenga guardadito este  asunto, y posiblemente lo aguanten hasta que haya pasado  la cresta de  la pandemia. Superada la crisis, según los obradoristas, ya no tendrá razón de  ser.

  Y una tercera  hipótesis, es que, finalmente  el Poder Judicial  de la federación, podrí­a emitir un veredicto contrario al préstamo, pues  el Presidente  AMLO  y su grupo de poder, piensan que  de esta manera, se estarí­a enviando un mensaje  a otros gobiernos estatales, que intentasen allegarse recursos  económicos por la ví­a  de los empréstitos.

  Por lo pronto, el tema  del préstamo tamaulipeco se encuentra  en el limbo, un latinismo  que de acuerdo a la religión cristiana, significa estar en el borde, pero también se le cita como un lugar donde las almas se encuentran suspendidas en un espacio indefinido.

  En resumen, lo  que está ocurriendo ahora entre el grupo que gobierna  Tamaulipas  y  el grupo  que ostenta el poder polí­tico de la federación,  es una guerra, donde  la gran maquinaria jurí­dica y las herramientas del poder polí­tico del más alto nivel, se encuentran en las manos del Presidente  Andrés  Manuel  López  Obrador.   

 Nuestra conclusión, es la siguiente:  sin demeritar  las causas humanistas y sanitarias que invocan  los panistas  tamaulipecos, de que el préstamo  ayudarí­a  a aliviar  en gran manera, el tema de la pandemia, en contraparte  los obradoristas están viendo más allá, ellos están viendo  el 2021, y creen que, si el préstamo le  es otorgado al sexenio azul, entonces  será como  darle los instrumentos  financieros para que  ganen los comicios federales, del año próximo.

  Cabe  hacer notar que, esto no es privativo del cabecismo, pues  ya en el pasado  los gobiernos estatales  del PRI  hicieron lo mismo, en materia de adquirir préstamos, y con ellos hacer obras, pero también  ganar elecciones locales.

  El problema es que ahora, al atorarles el préstamo,  el gobierno estatal cabecista tendrí­a que explorar rutas alternas en materia legal. Y es aquí­ donde entrarí­a  en acción su área jurí­dica, a cargo  del experimentado  abogado  victorense  Abelardo  Perales  Melendez.

Habrá que ver,  a la luz del derecho,  que cartas  trae  el abogado Abelardo bajo la manga.

  Será capaz  de encontrar la luz  al final  del túnel, en este complejo y azaroso proceso y ganarle  a la Suprema  Corte..?  ¿Será posible recurrir  a un amparo contra la resolución  de la Suprema Corte? Sin embargo, mientras no haya un veredicto, no se puede responder. Y esa  parece ser la clave: congelar el préstamo.

 Mientras se cocina el epí­logo constitucional de este relevante tema,   la guerra polí­tica entre ambas  instancias  de gobierno, sigue a todo lo que  da.