Por Agustin Peña Cruz |Reportero
Ciudad Altamira, Tamps.- Una parte crucial de la administración municipal de Altamira ha sido la recuperación de espacios públicos e infraestructura verde. El alcalde Armando Martínez Manríquez manifestó que, al día de hoy, “ya tenemos 50, un poquito más de 50 escrituras que… no teníamos registradas” y que “rescatamos de vecinos en algunas colonias que las tenían en su poder”. Con ello, el municipio ha cercado los terrenos, registrado la titularidad y habilitado zonas de esparcimiento social familiar.
Uno de los casos emblemáticos es el de la Laguna de Oxidación de Altamira, cuya historia se remonta a 1968, con la gestión del presidente municipal Guillermo Rivera Flores. Según el mandatario actual, la zona albergó ocho fosas de aguas contaminadas que fueron saneadas y bombeadas hacia la escollera “La Pedrera”, futura planta de aguas residuales. Sin embargo, aseguró, un grupo de presuntos “amparados” se disputa parte del terreno, alargándose la resolución judicial.
Martínez Manríquez sostuvo que la lucha “no es contra el Cabildo, es contra el pueblo de Altamira… sobre el desarrollo del pueblo”. Aseguró que en virtud del interés general, el municipio mantendrá la posesión hasta que el tribunal judicial dicte fallo. En su opinión, “ningún principio particular puede estar por encima del beneficio social”.
El rescate de terrenos, la obtención de escrituras y el desarrollo de espacios públicos es una estrategia que refuerza la gobernabilidad y la percepción de orden. Pero las disputas legales evidencian los retos que enfrenta: la transición de tierras invadidas o mal tituladas hacia bienes municipales utilizables requiere tiempo, recursos y legitimidad. Más aún cuando asuntos de contaminación ambiental, como el caso de la Laguna de Oxidación, están presentes.
Mientras que, la prometida transformación de esos terrenos en áreas recreativas y deportivas debe materializarse. Los avances anunciados ofrecen esperanza: más espacios para la familia, para el esparcimiento y convivencia. Pero también exigen vigilancia ciudadana para asegurar que los procesos de titulaciones, saneamientos y habilitación se realicen de modo transparente y eficaz.
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