Por Bernaedo DlaRosa Cast
Altamira, Tamaulipas.– Los hechos ocurridos en el CETis 78 de Altamira obligan a una reflexión seria sobre el estado de la educación en Tamaulipas. Lo que comenzó como una manifestación, derivó en agresiones físicas contra el director del plantel, Julio César Barrón Morales, así como en daños al patrimonio federal.
Lo preocupante no es únicamente la violencia ejercida por un grupo de estudiantes, sino las denuncias de que habrían sido instigados por docentes, lo que configura un escenario todavía más grave: la participación de adultos responsables en la manipulación de menores para fines ajenos al interés educativo.
Tres niveles de responsabilidad
Los estudiantes: Portar uniforme no significa estar exentos de la ley. Golpear, destruir y causar lesiones no es protesta: son conductas tipificadas como delitos.
Los docentes y directivos: Existen señalamientos de maestros que alentaron los hechos y, al mismo tiempo, acusaciones contra el director. Ambos extremos revelan que el plantel es rehén de conflictos internos.
Las autoridades: Tanto la Secretaría de Educación Pública como las instancias judiciales han sido omisas y permisivas. Si las denuncias hubieran sido atendidas con oportunidad, el estallido de violencia pudo evitarse.
Marco legal ignorado
Los hechos no sólo corresponden a sanciones escolares. La Ley de Justicia para Adolescentes en Tamaulipas establece consecuencias claras cuando los menores incurren en conductas delictivas. Además, el Código Penal Federal prevé sanciones incluso bajo la figura de crimen organizado cuando existe coordinación para agredir a una persona o al patrimonio público.
Un síntoma de algo más profundo
El pronunciamiento oficial de la DGETI condenando la violencia es correcto, pero insuficiente. El problema no es solo la agresión puntual en Altamira, sino la crisis estructural de un modelo educativo que ha perdido autoridad y que ya no transmite valores de respeto y legalidad.
Lo que se vivió en el CETis 78 es el reflejo de un sistema educativo que tolera el desorden, normaliza el vandalismo y convierte a los jóvenes en instrumentos de conflictos internos.
El reto
Si no se deslindan responsabilidades de manera ejemplar —contra alumnos, maestros o autoridades—, el precedente será devastador: cualquier inconformidad podrá resolverse a golpes y destrozos. La educación en Tamaulipas no puede seguir cediendo terreno frente a la violencia y la impunidad.
La pregunta sigue abierta: ¿fue un fracaso de los jóvenes, de los maestros o del sistema?
La respuesta es que fue un fracaso colectivo, donde cada actor que debió educar, orientar o vigilar, terminó fallando.
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