La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer que la reforma a la ley del sector eléctrico que se realizó en 2021, y que fue impulsada por el Gobierno federal, “vulnera los principios de libre competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable” establecidos en la Constitución.
Según informó el Alto Tribunal en un comunicado, lo que restringe tales principios es la forma de asignación de los contratos de cobertura eléctrica, las reglas en el orden del despacho de energía que se introdujeron hace tres años y el sistema de adquisición de certificados de energías limpias.
Las modificaciones establecían que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas que son de propiedad del Estado, las cuales se alimentan mayormente de combustibles fósiles como carbón, petróleo y diésel.
Si todavía había demanda sin atender es cuando se podría comprar electricidad a las plantas privadas de energía renovable y gas natural. Se trataba de beneficiar directamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Además, permitía revocar permisos obtenidos mediante actos que constituyeran un fraude a la ley y revisar, renegociar o terminar contratos suscritos con los productores independientes.
El amparo referido es uno de los muchos que fueron interpuestos por las empresas energéticas al considerar estas normas inconstitucionales.
La mencionada ley también generó conflictos internacionales con Estados Unidos por supuestamente vulnerar el tratado comercial que México tiene con esa nación vecina y con Canadá, conocido como T-MEC.
Para Óscar Ocampo, especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la decisión de la SCJN traerá beneficios para dicho acuerdo.
“Estamos en un proceso de consultas por la política energética al amparo del T-MEC y el representante comercial de EU demandaba la reforma a la ley de la industria eléctrica. Por tanto, al invalidarse esta ley, de alguna forma se ‘descensura’ este proceso de consultas, y se reduce la posibilidad de que EU nos lleve a un panel de solución de controversias”.
El T-MEC se beneficia del revés a reforma eléctrica
Óscar Ocampo, experto en energía por el IMCO, señaló que el revés a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (ILE), aprobada en marzo del 2021 e impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador traerá beneficios en las relaciones de México con los Estados Unidos en el marco del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
En su fallo, la Suprema Corte resolvió que la ley daba ventaja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de inyectar primero su energía a la red nacional respecto a otras empresas privadas, lo cual transgredía la competencia y libre concurrencia, además de que generaba una alteración en el mercado eléctrico.
“Esta reforma, bajo una argumentación ‘legaloide’ de que los que tengan contratos de energía firme, es decir, de gas natural o de combustibles fósiles, que no dependen a la variabilidad de que haya sol, agua, viento o no, son los que inyectan primero su energía a la red y que tengan cierto tipo de contrato; eso sólo aplicaba únicamente a la central de la CFE”.
La CFE tenía un costo de producción de energía eléctrica mucho más elevado que los privados, debido a su longevidad y al monopolio que ostentaba. Sin embargo, Ocampo resaltó que esta energía resulta más contaminante.
También, añadió que con la aprobación de esta ley en marzo de 2021, las empresas protestaron, debido a que habían invertido bajo otras condiciones y con la nueva reforma se atentaba contra sus derechos. Por tanto, hubo una cascada de amparos, que hacen que la ley se suspenda tan pronto como se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO señaló que, pese a que esta ley nunca estuvo en vigor, generó una incertidumbre jurídica a lo largo de estos años.
¿Qué planteaba la reforma de AMLO?
La Reforma Energética propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, buscaba fortalecer el papel del Estado en el sector energético. Entre sus cambios clave se encuentran la creación de una nueva empresa estatal para gestionar petróleo y gas, la cancelación de rondas de licitación en aguas profundas, la revisión de contratos existentes, la construcción y modernización de refinerías, y un aumento en la inversión en energías renovables.
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