Al inicio del sexenio había una alta expectativa de que la 4T hiciera grandes reformas estructurales al sector del agua y de que se promulgara una nueva Ley General de Aguas, con un viraje ambiental y de participación social que eliminara privilegios de los grandes acaparadores de este recurso en México. Esto no ocurrió. Pero lo que sí pasó fue la resolución de casos emblemáticos de justica hídrica en el país, como el reciente decreto presidencial que declara como zona de restauración ecológica el área que conforman la presa El Zapotillo y las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Para Mario López Ramírez, académico del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social (Cifovis) del ITESO, este triunfo acotado pertenece, en primera instancia, a los habitantes de los pueblos, así como a los movimientos sociales y a la participación de académicos alrededor de estas comunidades, que han logrado la recuperación de una visión histórica, una narrativa de no violencia y una gran persistencia social, incluso ante presiones de gobiernos anteriores.
“El presidente seleccionó casos emblemáticos de justicia hídrica y está poniendo interés y herramientas, sobre todo normativas, para crear pequeñas ‘islas de demostración’ de que sí tuvo la intención de hacer justicia. No hubo la voluntad de hacer una gran transformación del sector agua en todo el país, pero esto no demerita los casos emblemáticos como el de Temacapulín, en el que hubo un nivel de organización social muy importante en los pueblos”, menciona López Ramírez, quien es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en derecho al agua y políticas públicas, y fue coordinador del Programa Nacional Estratégico del Agua del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
El decreto presidencial, que forma parte del Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños de los Pueblos Campesinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en Jalisco, fue publicado el pasado 29 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación e incluye un área de 20 mil 810 hectáreas entre la presa, Temacapulín y Palmarejo, en el municipio de Cañadas de Obregón, así como Acasico, en Mexticacán, y los municipios de Yahualica de González Gallo, Jalostotitlán y Teocaltiche, a fin de evitar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la alteración hidrográfica. También promueve la regeneración y la estabilización los suelos y los servicios ecosistémicos, así como la restauración productiva de agroecosistemas sostenibles.
“El plan es más amplio, tiene aspectos sociales y, evidentemente, ambientales. El decreto frena la transformación del uso del suelo y permite a la comunidad tener un proyecto de desarrollo, al igual que su nombramiento como Pueblo Mágico. Pero una cosa es el decreto y otra cómo se implementa, cómo llegan los recursos y se comienza el establecimiento de las zonas protegidas. Todavía falta mucho. Aparte, faltan los proyectos de desarrollo social educativo que también se pactaron en el plan. Las instituciones estatales van a tener que meter dinero y apoyos. Faltan muchas agendas, por ejemplo, ver cómo van a frenar la minería en el Río Verde y toda la cuestión agrícola. Pero el decreto es parte de esa estrategia”, explica.
También se pretende que, ante la llegada de un nuevo gobierno, incluso uno que no defienda la idea de la justicia hídrica, no se pueda echar para atrás el plan y se vaya a reconstruir la presa y todo el proyecto de trasvase.
Pese al precedente y la existencia de más casos emblemáticos —como la cancelación de la planta cervecera Constellation Brands, en Mexicali; los planes para el saneamiento de ríos de alta contaminación (Santiago o Atoyac), y la creación del Programa Nacional Estratégico (Pronaces) Agua del Conahcyt—, para el investigador aún se ve lejana la creación de una nueva Ley Nacional de Aguas.
“Lo veo muy difícil. La transformación de un sector implica demasiadas negociaciones y energía gubernamental, y debe tener una retribución. El sector agua está muy pulverizado: aunque tenemos a las transnacionales, grandes usuarias de volúmenes gigantescos de agua y de concesiones, y a los sectores agrícolas y campesinos, aun así está muy fraccionado”, considera.
“No creo que el caso de Temaca vaya a derivar rápida o fácilmente en la transformación de la normativa. Puede ser que el próximo gobierno, si queda Claudia Sheinbaum, continúe con la política de hacer justicias hídricas puntuales en lugar de transformar el marco jurídico”, añade.
No obstante, López Ramírez destacó que la gran relevancia del movimiento de Temacapulín es que se constituyó como un sujeto social, jurídico, político, simbólico y técnico, con lenguajes que lograron posicionar el tema de manera inteligente, pasando de una idea inicial de salvar a los pueblos, es decir una lucha patrimonial, a transformarse en una lucha histórica con elementos de su cultura como parte de su narrativa, lo que les ganó un reconocimiento mundial.
“Esta narrativa de defender su identidad, su historia, sus muertos, sus cementerios, sus iglesias, la Feria del Chile, el cuestionar ‘¿Por qué van a matar a un pueblo para agarrar agua y meterla a un sistema quebrado en Guadalajara y León?, cuando tan sólo en Guadalajara se pierde 40 por ciento de agua en las redes’. Al final terminaron generando una narrativa de un ecologismo muy radical, al hablar de ríos vivos, de una revolución del agua, y eso todavía los fortaleció más”, afirma.
Cambiar la narrativa
La futura discusión sobre el agua en México debe transitar otras narrativas, si se pretende un cambio de fondo en el suministro y la democratización en el uso de este vital recurso, considera el académico, sobre todo teniendo en cuenta que México tendrá que ser un ejemplo de tratamiento de sus aguas en pocos años, pues casi todas sus grandes ciudades están sobre la masa continental, a la ribera de los ríos y no en el mar, en donde la opción puede ser desalar el agua.
“En la narrativa, lo que encontramos en primer lugar es el abastecimiento, cómo traer agua. ¿Y la calidad? El tema desde el punto de vista social y académico tiene que ser la calidad. Tenemos que dejar de hablar tanto de presas, tubos y acuaféricos, y empezar a hablar más de plantas de tratamiento, responsabilidad pública, tarifas justas, mediciones de calidad de agua y cuidado de las fuentes”, declaró.
Comunicado ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
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