El profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Fausto Hernández Trillo, indicó que el gobierno federal gastará 2.6 billones de pesos, alrededor del 6% de Producto Interno Bruto (PIB), cuya erogación podría generar una crisis financiera ante la pérdida de ingresos petroleros y la reducción de inversiones productivas en obras públicas en el país.
Hernández Trillo señaló que este gasto representa el 18% del presupuesto federal en el 2026, ya que en los últimos 10 años ha crecido el costo financiero al pasar de 1.2 billones de pesos en el 2016 a 2.6 billones de pesos en el presente año, sin considerar el recurso que se destina para el pago de la pensión Mujeres Bienestar, cuyo programa se creó en el 2025 para beneficiar a mujeres de 60 a 64 años, quienes al cumplir 65 años pasan automáticamente a la pensión para los Adultos Mayores.
Si bien es cierto que el esquema de pensiones beneficia directamente a cientos de personas de la tercera edad, no se puede dejar de señalar que el costo financiero para subsidiar el Fondo de Pensiones para el Bienestar ha crecido enormemente y puede colapsar las finanzas públicas.
Y es que todos los trabajadores que están bajo la Ley 73 del Seguro Social están tramitando en estos momentos su jubilación, por lo que seguirá aumento el costo financiero de esta prerrogativa social, según varios analistas financieros, quienes se preguntan de dónde saldrá el dinero para sufragar las pensiones.
Algunos analistas financieros no descartan la posibilidad de que el gobierno federal se endeude más para poder pagar en tiempo y forma las pensiones para evitar protestas que agraven la situación política del país.
Los analistas financieros que creen que el gobierno federal se endeude más argumentan que uno de los factores primordiales serán las llamadas elecciones intermedias del 2027, puesto que no sólo se renovará la Cámara de Diputados, sino también 17 gobiernos estatales, 680 presidencias municipales y 1,088 diputaciones locales.
Vamos a ver que decisión tomará el gobierno federal para evitar una crisis financiera en el 2026, luego de que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encendió los focos rojos acerca del costo financiero del Fondo de Pensiones Bienestar.
En otro tema, el rector Dámaso Anaya Alvarado reafirmó el compromiso institucional de trabajar en mejorar las capacidades de los estudiantes para tener una exitosa inserción en el mercado laboral, en el marco del 70° aniversario de la Facultad de Ingeniería Tampico (FIT).
El rector Anaya Alvarado cortó el listón de las nuevas áreas de Atención Integral a Alumnos, que optimizan el funcionamiento de Servicios Escolares, Servicio Social y Prácticas Profesionales, en cuyo acto estuvo acompañado por el director de la FIT, Roberto Pichado Ramírez.
Luego conversó con los estudiantes de las diversas carreras que se imparte en la FIT, puesto que visitó las aulas, laboratorios, talleres, entre otras instalaciones que tienen las condiciones necesarias para la formación de quienes cursan las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería de Sistemas Computaciones, Ingeniería de Negocios, entre otras.
Posteriormente, el rector Anaya Alvarado encabezó la firma de colaboración con el Colegio de Ingenieros Civiles de Tamaulipas, que preside Dario Alfonso Brambila Mendoza, que busca fortalecer la formación profesional, impulsar la educación continúa y generar proyectos que respondan a los retos de infraestructura y el crecimiento urbano.
Por otra parte, la dirigente estatal de Morena, Guadalupe Gómez Núñez, apoya que se realice la llamada Operación Enjambre en Tamaulipas a pesar de que existen denuncias en contra de cuatro alcaldes emanados de las filas morenistas, entre los que se encuentra el presidente municipal de Madero, Erasmo González Robledo.
Lupita Gómez, como le gusta que le digan, señaló que la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, es una muestra clara que nadie será protegido por el gobierno federal por tener relaciones con las bandas del crimen organizado en el país.
“Las acusaciones en contra de los cuatro alcaldes de extracción morenista en Tamaulipas deberán de ser comprobadas ante las autoridades judiciales, como sucedió con Rivera Navarro luego de las denuncias presentadas contra de él por empresarios de Tequila, Jalisco”, aseveró la dirigente morenista.
Se comprometió a aplicar medidas más estrictas en la asignación de candidaturas para la elección del 2027, puesto que se consultará con el Instituto Nacional Electoral (INE) sí los aspirantes tienen antecedentes que pongan en duda su honorabilidad.
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