El desistimiento legal de Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V., empresa de Grupo Salinas, y el inicio del pago de una deuda fiscal superior a los 32 mil millones de pesos representan un triunfo histórico del Estado de derecho y un mensaje contundente de igualdad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, afirmó la ministra Lenia Batres Guadarrama.
De acuerdo con el Comunicado 14/2026, emitido este 29 de enero, la empresa solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desistirse del amparo directo en revisión 2526/2025, promovido contra un crédito fiscal superior a 645 millones de pesos, determinado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde el año 2017.
La ministra explicó que el adeudo fue combatido durante varios años mediante distintos recursos legales. Uno de estos juicios fue resuelto en marzo de 2024 por la entonces Segunda Sala de la SCJN, la cual ordenó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anular una sentencia previa y emitir una nueva que considerara una deducción de 621 millones de pesos.
No obstante, al no quedar conforme con la nueva resolución del TFJA, la empresa promovió un nuevo amparo, el cual fue negado, motivo por el cual solicitó su revisión ante la Suprema Corte y posteriormente decidió desistirse del recurso.
Batres Guadarrama destacó que el anuncio realizado por el SAT sobre un primer pago por más de 10 mil millones de pesos, como parte de un monto total que supera los 32 mil millones, constituye un precedente relevante en la aplicación de la ley fiscal en México.
“El cumplimiento de las obligaciones fiscales debe darse sin distinción alguna, independientemente de la capacidad económica de las personas o empresas”, subrayó la ministra, al considerar que este caso fortalece la confianza en las instituciones y envía un mensaje alentador sobre la igualdad ante la ley.
Con este proceso, se reafirma que los litigios prolongados no eximen del cumplimiento fiscal y que el marco legal debe prevalecer como base del Estado de derecho en beneficio del interés público.
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